Desde hoy los ahorradores tendrán garantizados 100.000 euros por cliente y bancomadrid. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, tiene una nueva tarea: será el principal encargado de controlar el fondo anticrisis del sistema financiero anunciado esta semana por el Ejecutivo. Sus compañeros de trabajo en el Consejo Rector son ya conocidos de viaje del ministro: estará acompañado de los secretarios de Estado de Economía y Hacienda, David Vegara y Carlos Ocaña. Además, formarán parte de este órgano el presidente del Instituto de Crédito Oficial, Aurelio Martínez; el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají y el interventor general del Estado, José Alberto Pérez Pérez. Por tanto, no estará en este equipo de bomberos ningún agente independiente. A las peticiones de transparencia que han formulado todos los partidos políticos y organizaciones empresariales y sindicales, el Gobierno ha respondido con un Consejo orgánicamente dependiente del vicepresidente del Gobierno y compuesto por funcionarios públicos o altos cargos de la Administración. La presencia de la Intervención General y la Abogacía del Estado no rompen esa dependencia orgánica. La anunciada Comisión Ejecutiva, que será la encargada de la gestión del fondo y decidirá las inversiones, será presidida por el secretario de Estado de Economía, David Vegara, y también estará constituida por altos cargos y altos funcionarios, lo que, en algún caso puede originar incompatibilidades, habida cuenta de que el fondo invertirá en activos financieros emitidos por entidades de crédito y fondos de titulización. ¿La función del Consejo Rector? Establecer las directrices de inversión del fondo, efectuar su seguimiento y evaluación y decidir sobre la aplicación de los rendimientos de los activos del fondo y el producto de sus vencimientos o ventas. Una vez que la maquinaria se ponga en marcha, este órgano tendrá que dar cuenta, cada cuatro meses, al Congreso de los Diputados, a donde se tendrá que remitir un informe sobre la gestión del fondo. 10.000 millones este año El propio Solbes fue ayer el encargado de dar los detalles sobre las dos principales medidas anticrisis aprobadas ayer directamente por el Gobierno en la reunión del Consejo de Ministros. La mayoría de las aclaraciones llegaron de la mano del fondo de 30.000 millones de euros, ampliables a 50.000 millones, para la adquisición de activos financieros de "alta calidad". En cuanto a los plazos, Solbes adelantó ayer que "las primeras operaciones" se realizarán en el último trimestre de este año, a partir de "un crédito extraordinario de 10.000 millones de euros ampliables a 30.000 millones", que también correrá a cargo de la deuda pública, es decir, del Tesoro. En relación al desarrollo de las operaciones, el ministro confirmó ayer -como ya adelantó elEconomista- que el fondo recurrirá a procedimientos competitivos para la selección de activos y "el principal modelo" será la subasta. A este respecto, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, puntualizó que para evitar que se produzcan concentraciones y las pequeñas entidades no puedan acceder a este apoyo financiero, el Gobierno establecerá "limitaciones" que no aglomeren la liquidez. Sin embargo, quedan varios puntos en el aire. Solbes reconoció que, una vez que el Gobierno haya comprado estos activos a las entidades financieras -que costarán "cero" a los ciudadanos porque se trata de una inversión que se recuperará íntegra- la problemática se originará en tanto que "no es labor del Ejecutivo decir a la banca cómo tiene que gestionar sus carteras". Es decir, que, a partir de ahí, será responsabilidad de los bancos y de las cajas que éstas destinen el nuevo crédito facilitado a prestárselo a familias y empresas. El Gobierno quiere, de esta forma, sacar de las entidades los créditos "bloqueados" porque son a largo plazo y, así, les daría margen para actuar. "Lo lógico es que no se metan en hipotecas", remarcó Solbes, que insistió en el que el fin del plan anticrisis es "corregir el mercado y no crear una banca pública". En cuanto a la transparencia, Vegara insistió en el que el Gobierno analiza legalmente cómo compatibilizar este ejercicio de información con la privacidad de las entidades que reclamen la compra de activos. Garantía para los ahorradores En relación a la segunda medida a la que el Gobierno dio ayer el visto bueno, la ampliación del Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo de Garantía de Inversiones, de 20.000 a 100.000 euros por cliente y entidad, la principal novedad fue relativa a los plazos. Desde hoy, día en el que está previsto que se publique el decreto en el Boletín Oficial del Estado (e incluso si se retrasase su publicación), estará en vigor esta medida. En este sentido, el vicepresidente económico volvió a insistir ayer en el mensaje de "confianza" a los ciudadanos en relación a la garantía de sus ahorros. En cuanto al debate más político, la polémica ha surgido por la doble versión del Ejecutivo sobre la necesidad o no de que el texto fuera examinado por el Consejo de Estado antes de aprobarse como Decreto ley. Vegara aseguró que este trámite se iba a cumplir y, sin embargo, Solbes aseguró que no era imprescindible. En cuanto a la resaca del encuentro entre el ministro y Cristóbal Montoro (PP), Solbes ironizó con que su apuesta no se basa en "la vieja banca pública".