La entidad se refuerza en la inmobiliaria Cevasa. El banco ha invertido 58,04 millones de euros para elevar su participación en algo más del 1 por ciento y alcanzar el 24,07 por ciento. La sociedad pasa, contablemente, además a computar como asociada al haber adquirido “influencia significativa” regulatorio con el nombramiento en la compañía en calidad de consejero de Rafael Galán, el director de Negocio Inmobiliario y Gestión de Carteras Inmobiliarias del banco. El Popular desembarcó en la compañía de viviendas de alquiler en 2014, quedándose un 22,89 por ciento en manos de Restaura en canje de deuda. Aquella transacción, valorada en 40 millones de euros, fue autorizada por el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona que tramitaba el proceso concursal de Restaura. Una división que no renta La estrategia del banco es, sin embargo, de alejamiento del inmobiliario. A finales de julio anunció una escisión en dos de su actividad para separar el ladrillo del negocio bancario y acelerar la desinversión de 4.000 millones en ladrillo. Para facilitarlo acometió recientemente una ampliación de capital de 2.500 millones que ayudará a realizar fuertes provisiones, que permitan dar salida a los inmuebles, sin deteriorar el capital regulatorio. La nueva unidad, que en el mercado esperan que venta a otros inversores, recibirá 28.321 millones de euros en activos, incluídos 15.643 millones en crédito neto de dotaciones y 11.150 millones en adjudicados. El ladrillo ha venido penalizando duratemente las cuentas del banco. Esta unidad acusó, en concreto, un resultado negativo de 483 millones en el primer semestre dejando a cero su rentabilidad pese a que en el primer semestre aumentó un 11 por ciento las ventas. El negocio bancario puro, en cambio, fue capaz de ganar 577 millones y generar una rentabilidad sobre recursos propios del 16,2 por ciento (ROE). Para arrojar luz sobre el buen desempeño de la actividad bancaria segrega la división. El Popular ha mandatado al nuevo consejero delegado, Pedro Larena, para que pilote la reestructuración que debe elevar la rentabilidad hasta el 9 por ciento en 2018. Además de sacar a marchas aceleradas del balance un ladrillo que resta más que suma, el banco tiene bajo revisión toda la estructura de negocio. Sopesa recompra Aliseda y un ajuste de plantilla para aquilatar los costes que podría alcanzar a 2.500 trabajadores, así como el cierre de 300 sucursales.