Ofertaría 2.000 megavatios para energía fotovoltaica y cerca 1.000 MW de eólica El miedo de que España no pueda alcanzar el objetivo europeo de cubrir con renovables el 20 por ciento del consumo total de energía en 2020 es la razón por la que el Gobierno en funciones, a través de la Secretaría de Estado, está planeando celebrar una nueva subasta de renovables antes de final de año. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) ha sido el portavoz de la noticia. A principios de julio convocó a las principales asociaciones del sector a una reunión de urgencia en la que les informó de la intención de Industria de realizar una segunda subasta renovable en la que, a priori, estarán incluidas varias tecnologías. Si en la primera subasta, en la que se adjudicaron 700 megavatios, solo tuvieron cabida la eólica -500 megavatios- y la biomasa -200 megavatios-, en la segunda, buena parte del protagonismo se lo llevará la fotovoltaica. Aunque aún quedan flecos por resolver, algunas fuentes del sector han señalado que la cifra que baraja el Gobierno para la nueva subasta estaría en los 3.000 megavatios, de los que alrededor de 1.000 serían de eólica y el resto -unos 2.000 megavatios- de fotovoltaica, incluidos algunos megavatios para otras tecnologías. El sector ha calificado de positiva la decisión tomada por Industria, “sobre todo si tenemos en cuenta que la Comisión Europea exigirá, a partir de 2017, que todos los Estados miembros utilicen subastas para apoyar a las renovables y, por tanto, nos parece bien que se convoquen en España cuanto antes, máxime con los objetivos europeos a 2020 a la vuelta de la esquina”, ha señalado a elEconomista Energía Juan Diego Díaz, presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Reactivar el sector En opinión de Jorge Barredo, presidente de Unión Española Fotovoltaica (Unef), “la convocatoria de una nueva subasta abre oportunidades para reactivar el sector fotovoltaico, paralizado en los últimos años. Como demuestran las experiencias internacionales, la tecnología fotovoltaica ha llegado a un alto nivel de competitividad en términos de precios. Basta pensar, a modo de ejemplo, los bajos precios ofertados en las últimas subastas internacionales de México y Dubái”. A tenor de los resultados de la convocatoria anterior, el sector no las tiene todas consigo ya que, según Barredo, “los términos de la nueva subasta serán básicamente los mismos, por lo que ésta será marginalista y se ofertará al precio de inversión”. Recordemos que las empresas que participaron en la primera subasta pujaron tan a la baja que perdieron las ayudas por las que competían. En el caso de la eólica, los inversores solo percibirán la retribución del mercado y, en el caso de la biomasa, percibirán la retribución del mercado más una retribución a la operación. Las asociaciones esperan que esta convocatoria “no sea un evento aislado” y piden al Ministerio que “defina un calendario de subastas para el medio/largo plazo en función de las necesidades del sistema y del grado de ejecución de los proyectos”. Pero, sobre todo, hacen hincapié en que “se corrijan aspectos de la primera subasta” -muchos de ellos mejorables-, “en línea con los modelos que rigen en otros países”. Según José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa), “la nueva subasta debería incorporar más requisitos para asegurar la capacidad técnica y económica de los participantes, que permitan la materialización de los proyectos aunque, previamente a cualquier planteamiento sectorial, es necesario contar con un marco regulatorio estable y un pacto de amplio consenso y duradero”. AEE también defiende que se garantice la ejecución de los proyectos “introduciendo criterios de precalificación” y que el Ministerio haga un seguimiento para que los proyectos adjudicados que no lleguen a tiempo para cumplir los objetivos europeos, “sean sustituidos por otros”. Seguridad jurídica La asociación eólica considera necesario modificar la regulación para “restablecer la seguridad jurídica y eliminar incertidumbres”, lo que supondría, entre otras cosas, “eliminar la posibilidad de que se modifique la rentabilidad de los proyectos cada seis años, así como los límites de la senda de precios de mercado que se utiliza para decidir la retribución de las instalaciones, además de que se compense a las instalaciones por las desviaciones del precio del mercado cada año y no cada tres”. El presidente de Unef considera que la nueva subasta debería, en primer lugar, “funcionar en base a precio aceptante, es decir, que el precio que se ofrece corresponda al precio que se va a pagar y, en segundo lugar, “que la adjudicación de la potencia sea en función del precio por kWh producido y no en función del coste de inversión. Solo de esta manera se evitarían costes falseados y se acabarían primando las plantas y proyectos más eficientes”. Barredo también afirma que para facilitar el cumplimiento de los objetivos “se debería subastar energía producida y no potencia instalada”, a la vez que es partidario de que “al menos un 20 por ciento de la subasta se reserve para proyectos inferiores a diez megavatios, para que todos los agentes del mercado tengan su oportunidad”.