La impugnación de un punto del pliego retrasa hasta después de la elecciones la entrega de ofertasEl operador estatal prevé eliminar el punto por españolidad y Bombardier analiza sus opcionesEl Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha elevado la incertidumbre que rodea desde las últimas elecciones al macroconcurso de trenes de Renfe. La impugnación de un punto del pliego a raíz del recurso presentado por Bombardier se ha traducido en un nuevo retraso en el proceso, lo que deja en manos del futuro Gobierno la recepción de las ofertas, la fijación de los plazos para la apertura de las plicas y la adjudicación del contrato, mientras se abre la puerta a una revisión más profunda de las condiciones del concurso, en función del partido que ocupe la Moncloa a partir de julio. El operador ferroviario todavía no ha fijado un calendario oficial para repetir el concurso, pero varias fuentes conocedoras del proceso han apuntado a que no se podrán presentar las nuevas ofertas hasta dentro de dos meses “si todo va bien”. Es decir, a finales de julio como pronto, un mes después de que se celebren las elecciones el próximo 26 de junio. El primer paso que tiene que dar Renfe es comunicar oficialmente al Tribunal Administrativo y las empresas presentadas, a las que tiene que devolver las propuestas, que acepta una resolución. Una sentencia que fuentes el sector han calificado de “extraordinaria”, ya que es la primera vez que se impugna un concurso público en España. Para responder tiene un plazo de 60 días, pero todo apunta a que la empresa estatal no va a agotar los plazos. El operador ferroviario ha puesto sobre la mesa la opción de eliminar directamente la españolidad de los pliegos del concurso, tal y como le exige el tribunal que depende de Hacienda, y dejar la puntuación sobre 99 en vez de sobre 100 para no tener que tocar nada más de los pliegos. La otra opción es diluir el punto entre las demás condiciones. Una vez modificados los pliegos del macroconcurso de 2.640 millones de euros, el Consejo de Administración de Renfe, que se reúne el último martes de cada mes, tiene que validar los cambios. Fuentes de la empresa que preside Pablo Vázquez ven difícil que se pueda incluir en el consejo del martes que viene, por lo que todo apunta a que vaya a ir en el orden del día del consejo de junio, que se celebra dos días después de las elecciones y ya con un resultado sobre la mesa. Una vez aprobados los cambios, si es que se aprueban, Renfe tiene que dar un plazo de entre 20 y 45 días para que las empresas presenten las nuevas ofertas. Aunque desde el operador ferroviario se baraja incluso la posibilidad de retrasar los plazos a septiembre, se asegura que el concurso no corre peligro, ya que Renfe necesita comprar trenes para hacer frente a las necesidades de alza de demanda y de nuevas líneas en los próximos dos años. A su vez, es la primera vez desde 2007 que Renfe convoca un concurso por lo que también es necesario renovar la flota. Vía judicial La resolución del TARCR no elimina la sombra de la incertidumbre sobre el futuro del concurso, ya que las empresas que han participado (CAF, Talgo, Siemens y Alstom) pueden recurrir el cambio por la vía judicial. Por ejemplo, Talgo ya mostró su descontento porque el macroconcurso de suministro y mantenimiento de hasta 30 trenes AVE no premiaba “lo suficiente” la producción nacional. Desde la compañía aseguran que “de momento” su postura no ha cambiado y que, en principio, siguen interesados en presentarse al concurso, aunque están a la espera de que Renfe les comunique las novedades oficialmente y les devuelva la oferta, que sigue lacrada. En esta línea, Bombardier, que todavía está analizando la resolución del TACRC, asegura que “tiene abiertas todas las opciones”. Y es que el tribunal que depende de Hacienda sólo ha aceptado uno de los puntos de la impugnación presentada por el fabricante canadiense y además el más pequeño. Así, más allá de las críticas a la españolidad, Bombardier, que atraviesa problemas económicos, recurrió las condiciones económicas exigidas y el sistema de señalización alegando que eran “discriminatorias”. Que se abra la vía judicial no implica que el concurso se pare. Por su parte, CAF y Siemens aseguran que seguirán adelante con el concurso y volverán a presentar sus ofertas mientras que Alstom explicó que todavía están “a la espera de que Renfe se pronuncie”. Hitachi, la otra compañía interesada en el proceso y que no se presentó, no se ha pronunciado oficialmente. Incertidumbre Pese al nuevo contratiempo sufrido por el macroconcurso, las empresas están tranquilas. El sector ya había asumido que Renfe no abriría los sobres hasta que no hubiera un nuevo Gobierno, ya que descartaban que el PP fuera a adjudicar un contrato de tal magnitud en funciones. “La incertidumbre política es tal que puede pasar cualquier cosa. El cambio de gobierno podría suponer un cambio de condiciones, así que el que se retrase la entrega de las ofertas hasta después de las elecciones nos da más claridad sobre lo que pueda pasar”, aseguran fuentes del sector. El año 2016 se está convirtiendo en un año perdido para las constructoras en España y los concursos públicos, ya que las licitaciones de Fomento y del grupo de empresas que dependen del ministerio han caído en picado (ver apoyo) y se está evitando tomar grandes decisiones que luego puedan ser impugnadas por otro Ejecutivo. Por ejemplo, además del macrocontrato de Renfe, que ya se retrasó en un primer momento (la primera fecha para entregar las ofertas era a finales de diciembre de 2015, coincidiendo con las últimas elecciones, tal y como recoge el BOE), Aena ha visto paralizados sus planes de expansión internacional así como algunas obras ya adjudicadas.