El magistrado del caso llama a declarar a ambos en la recta final de la investigación del casoLa auditora, que ya testificó en la causa, insiste en que su trabajo se realizó de manera correctaDe manera sorpresiva y en la recta final de la investigación de la salida a bolsa de Bankia, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha cambiado de opinión y ha decidido imputar a Deloitte. Después de haber desestimado en diversas ocasiones la petición de imputar a la compañía y a su socio Francisco Celma en la causa que analiza las responsabilidades penales por la colocación de acciones en julio de 2011, el juez ha citado a declarar en calidad de investigado -imputado con la legislación anterior- para el próximo 20 de junio tanto al representante legal de Deloitte como a Celma, socio responsable de los servicios de audioría de Bankia en la salida a bolsa. Andreu, en esta ocasión, ha atendido la petición de la plataforma 15MpaRato y el sindicato CIC. Estas dos acusaciones sostienen que la auditora pudo influir de manera “grave” en la decisión de los inversores, muchos de los cuales han tenido que litigar para poder recuperar el dinero perdido tras la nacionalización, menos de un año después de la compra de los títulos. La decisión del magistrado se produce apenas varias semanas después de que preguntara a la Fiscalía si cerraba la investigación con el objetivo de poner en marcha el juicio oral. Deloitte firmó sin salvedades las cuentas de 2010 y marzo de 2011 del holding de Bankia -Banco Financiero y de Ahorros (BFA)- y de la propia entidad. En abril de 2012 la compañía se negó a validar el estado de situación al considerar que había un agujero que la cúpula liderada por Rodrigo Rato se negaba a reflejar. Tras esta situación, BFA y Bankia tuvieron que ser rescatadas por el Estado con una inyección de 18.000 millones. Deloitte insistió ayer a través de Efe y Ep en que su trabajo se realizó de manera correcta y que su versión se demostrará en la Audiencia Nacional. La labor de la auditora en el caso Bankia está bajo sospecha desde el rescate de la entidad y, principalmente, desde que los peritos judiciales -inspectores cedidos a la causa por el Banco de España- acusaran al grupo de haber ocultado pérdidas para salir al mercado. El trabajo llevado a cabo por la firma de servicios profesionales quedó en evidencia desde que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, le impusiera en 2014 una multa de 12,3 millones por la falta de independencia, ya que al mismo tiempo que auditaba las cuentas, ofrecía otros servicios incompatibles de consultoría. La sanción del ICAC es uno de los argumentos que esgrimen las acusaciones para solicitar la imputación de la compañía. En su escrito ante el juez sostienen que “no podemos ignorar en ese momento (el de la salida a bolsa) la gravedad de la existencia del expediente sancionador del ICAC incoado contra la auditora y su socio por los posibles perjuicios que sus actuaciones hubieran podido causar a terceros al poder afectar su informe de auditoría sin salvedades de Bankia al proceso de toma de decisiones en relación con el proceso de salida a bolsa.” Defensa El socio de Deloitte ahora imputado ya acudió a la Audiencia Nacional en calidad de testigo en 2013, en la primera ronda de declaraciones acordada por el juez. En dicha comparecencia, Celma señaló que en marzo de 2012 -ocho meses después de la salida a bolsa- advirtió a la cúpula de Bankia de que existían “dudas razonables sobre la viabilidad futura del grupo” y que el plan de viabilidad que había sido aprobado por el Banco de España no garantizaba su solvencia. El socio de Deloitte aseguró en el juzgado que fue informando puntualmente de la situación en la que se encontraba la entidad a sus máximos responsables, una versión que ha sido desmentida en todo momento por la mayor parte de los imputados en el caso, entre los que se encuentran Rodrigo Rato y los miembros del consejo de administración de Bankia en el momento de la colocación de acciones. El grupo financiero recabó 3.100 millones de euros en la salida a bolsa, de los que 1.855 millones fueron desembolsados por particulares. Este año el Tribunal Supremo ha declarado nulas las compras de estas acciones, al considerar que Bankia ocultó su situación al ofrecer inexactitudes graves en el folleto de la oferta pública de suscripción de acciones.