La entidad analizará los fundamentos jurídicos de la sentencia del Supremo para tomar medidasConsumidores y juristas piden una solución extrajudicial rápida tras el fallo del Alto TribunalBankia no ve una mala solución la puesta en marcha de una especie de arbitraje para devolver el dinero de la salida a bolsa a los inversores afectados. La entidad, aun así, esperará a analizar los fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Supremo para tomar cualquier decisión al respecto, según fuentes del grupo nacionalizado. En principio, el fallo se no se conocerá hasta dentro de una mes aproximadamente, por lo que todavía es pronto para determinar si los accionistas que perdieron dinero con la oferta pública de venta de acciones (OPV) podrán contar con una vía extrajudicial para recuperar la inversión. Esta solución ya ha sido reclamada por parte de algunas asociaciones de consumidores y parte de algunos juristas, después de que el Supremo señalara el miércoles que el folleto de la salida a bolsa contenía “graves inexactitudes”, confirmando así las acusaciones de los peritos de la Audiencia Nacional sobre un presunto maquillaje de las cuentas. El Gobierno inició a finales de 2012 un sistema arbitral para que los particulares que habían sido engañados en la comercialización de las preferentes de las entidades que había sido rescatadas por el Estado pudieran reclamar el dinero perdido con estos productos sin tener que acudir a los juzgados. En ese momento, los preferentistas sufrieron quitas medias del 40 por ciento en el marco de los planes de recapitalización del sector con ayudas europeas, lo que provocó el estallido de un escándalo social. Ahorro de la factura Un proceso de arbitraje aligeraría, además, las cargas de trabajo y la factura a desembolsar por parte de Bankia. Según algunos abogados, como Fernando Zunzunegui, la indemnización que abona la entidad en los fallos condenatorios se incrementa en torno a un 30 por ciento sobre las pérdidas que tiene el inversor por las costas y los intereses de demora. Un vía de estas características tendría que contar con el visto bueno del Gobierno, tal y como sucedió con las preferentes. Bankia está participada en un 64 por ciento por parte de BFA, compañía que está controlada al 100 por ciento por el Estado desde la nacionalización, en mayo de 2012. El arbitraje, según las fuentes consultadas, se restringiría al tramo de particulares. Es decir, quedarían excluidos los institucionales, que adquirieron títulos por valor de 1.250 millones. Algunos de ellos, como Mapfre -que desembolsó 280 millones- e Iberdrola -que compró acciones por 55 millones- vuelven a estudiar todas las opciones para recuperar el dinero. Eso sí, primero esperarán a analizar la sentencia para tomar una decisión. BFA-Bankia cuenta con una hucha de 1.840 millones, que serviría para afrontar la factura que supondrían las indemnizaciones a los inversores minoristas. Éstos, que suman unos 350.000, tomaron títulos de la entidad por dicha cantidad. El banco ha devuelto hasta finales de diciembre unos 176 millones por los fallos de diferentes tribunales provinciales. Bankia pretendía que el Supremo paralizara todos los procedimientos abiertos en las juzgados civiles, hasta que la Audiencia Nacional resolviera si hubo o no estafa. La resolución del Supremo, que abre la puerta a una oleada de reclamaciones judiciales, ha modificado el panorama y podría cambiar la estrategia de Bankia y del Gobierno adoptada hasta ahora. Todo dependerá de los fundamentos jurídicos de la sentencia del Alto Tribunal. La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, una de las regiones más afectadas por la salida a bolsa de la entidad a mediados de 2011, instaron ayer a devolver de manera “ágil” el dinero al margen de los cauces judiciales y pidió que el banco deje de alargar el procedimiento con la imposición de recursos en instancias superiores, para evitar mayores costes económicos. Al mismo tiempo, la asociación hace extensiva esta reclamación al Frob, máximo accionista de la entidad, y a los organismos supervisores -Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)-. Un arbitraje sobre las títulos sería más sencillo que el desarrollado con las preferentes, ya que en este caso los afectados tenían que demostrar que hubo engaño en la comercialización de estos productos. Con las acciones, la estafa parece que ha quedado demostrada tras la sentencia del Supremo, al anular la adquisición de las mismas en todos los casos. Los afectados tan sólo tendrían que aportar la documentación necesaria para justificar las pérdidas sufridas. En el proceso de las preferentes, las entidades, entre ellas Bankia, designaron expertos independientes para filtrar los datos y juzgar si podía haber engaño en la comercialización.