El grupo construyó la planta por 125 millones de euros a cambio de gestionarla durante 25 añosFlorentino Pérez blindó el contrato con una indemnización de 559 millones de eurosFlorentino Pérez vuelve a blindarse. El empresario reclama 600 millones de euros al gobierno de Murcia por no poder explotar la desaladora de Escombreras. El grupo ACS es dueño del 80 por ciento de Hydro Management, la empresa constructora de la planta productora de agua. La sociedad de Florentino Pérez firmó un acuerdo en 2009 con el ejecutivo del entonces presidente Ramón Luis Valcárcel por la construcción y gestión de la planta por 500 millones de euros. El acuerdo iba acompañado por una cláusula indemnizatoria por 559 millones de euros si finalmente el gobierno rescindía el contrato. Sin embargo, cuando el Gobierno regional incumplió en los primeros pagos a la empresa Hydro Management, el grupo ACS contraatacó con la petición de 600 millones de euros. La petición se dividió en 400 millones por la construcción de la planta -aunque la edificaicón está valorada en 125 millones según refleja la empresa auditora de las cuentas de la sociedad- y otros 200 millones, por lucro cesante, según recoge la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Murcia por presunta corrupción en la gestión de la desaladora, presentada por el abogado Diego de Ramón. El gobierno murciano pudo hacer frente incialmente a la petición de Florentino Pérez llegando a un acuerdo. El Ejecutivo pagó a la empresa que construyó la desaladora los 22 millones de euros que le debía por los años 2012 y 2013. Sin embargo ahora la viabilidad de la planta vuelve a estar en cuestión tras un informe interno del nuevo ejecutivo regional, otra vez en manos del PP tras las últimas elecciones autonómicas. El informe presentado por los servicios jurídicos de la consejería de Presidencia de Murcia asegura que la planta de agua es "inviable" y propone la disolución de la misma para frenar los "daños patrimoniales". Las cuentas de la empresa no salen. La desaladora de Escombreras se ha convertido en un agujero por el que se cuela el dinero de las arcas municipales. La sociedad acumuló unas pérdidas de más 13 millones de euros en 2013, según las últimas cuentas depositadas. A esa cantidad se suma el dinero anual que tiene que pagar el ejecutivo regional a la empresa del presidente de ACS, Florentino Pérez, según el contrato firmado con el anterior gobierno de Valcárcel. "La construcción no le costó dinero al gobierno regional porque pactó que la edificación se pagaría con la producción de agua. Esta operación nos produce dudas sobre su legalidad porque es una obra pública sin concurso", explica Joaquín López, diputado socialista de la Asamblea de Murcia. El contrato entre comunidad y grupo garantizaba el pago de los 500 millones de euros al grupo ACS por 25 años. La empresa de Florentino Pérez cobraría dicha cantidad fracturada hasta 2034. El primer desembolso se haría en 2009 por 4 millones de euros, una cifra que crecería con la actualización del IPC hasta alcanzar los 26 millones de euros para 2034. Según el contrato, en 2015, la comunidad debería haber abonado 13,9 millones de euros. Fruto del 'boom' inmobiliario La desaladora de Escombreras lleva ocho años abierta, aunque en los últimos años no produce ni al 10 por ciento de su capacidad, según explica Pedro García, de la Asociación de Naturalistas del sureste, en Murcia. No tiene a quién vender el agua. El objetivo era producir 50 hectómetros cúbicos anuales, y actualmente sólo genera cuatro. El proyecto nació al fulgor del boom inmobiliario. Situado en plena costa, a tan sólo 20 kilómetros al sur de Cartagena, la planta iba a abastecer de agua a todo el desarrollo urbanístico del complejo bautizado como 'Novo Carthago'. El plan proyectaba una macrourbanización de 10.000 viviendas, dos campos de golf y hoteles. Casi diez años después, hay desaladora, pero no complejo urbanístico. El caso, en la Fiscalía El ejecutivo de Murcia remitió la pasada semana el informe de los servicios jurídicos a la Fiscalía que lleva el caso. "Queremos que cierre la desaladora, que envíen los documentos necesarios al juzgado y que caiga quien tenga que caer -insiste Pedro García-. A Florentino le da igual que la desaladora cierre. Él va a exigir que se le pague y, si no se paga, ya se resolverá en los tribunales. Si el contrato está bien hecho, el gobierno deberá seguir pagando aunque no se produzca agua". Por el momento, el gobierno al que hace referencia García, guarda silencio sobre el asunto. El nuevo Gobierno de Pedro Antonio Sánchez (PP) tras las autonómicas del 24 de mayo asegura que no tiene nada que decir al respecto, pese al intento de este periódico de hablar con el ejecutivo en hasta cinco ocasiones. El grupo ACS también ha declinado hacer declaraciones. La poca transparencia respecto al contrato entre el gobierno y la empresa constructora ha llevado a los partidos de la oposición a pedir una comisión de investigación en la Asamblea regional. El socialista Joaquín López confirma que aún no está aprobada y que habrá que esperar a septiembre, mientras que fuentes del partido Ciudadanos denuncian que no tienen datos de la gestión y exigen conocer los pormenores de la obra, desde las licencias concedidas, hasta su bajo rendimiento. Los blindajes de Florentino Los blindajes del presidente de ACS son ya conocidas. El grupo construvctor cobró en noviembre de 2014 una compensación de 1.350 millones de euros por el cese de la actividad de la plataforma Castor, situada en Vinaroz (Castellón). Tras cerca de 500 seísmos sufridos entre 2013 y 2014 en la zona de Castor, el Consejo de Ministros aprobó en octubre de 2014 que Enagás asumiera la gestión de la instalación y que se encargara de realizar la operación financiera para abonar los 1.350 millones a ACS, una cantidad que realmente tendrá que pagar los ciudadanos en su factura del gas durante los próximos 30 años. Enagás está ya en proceso de hibernación de esta instalación y percibirá una retribución menor a 20 millones anuales.