Los expertos piden otras medidas que fomenten la ocupación y rebajen la carga fiscal a empresasUrge asegurar el pago de las pensiones: el gasto sube el 3% y los ingresos por activos sólo el 1%El Gobierno, en su Programa de Estabilidad presentado el 30 de abril a Bruselas, fijó una estricta senda de reducción del déficit desde 2015 hasta 2018 (del -4,2 por ciento del PIB al -2,8, al -1,4 y al -0,3 por ciento, respectivamente), con un nimio crecimiento del consumo de las Administraciones (el 0,1 por ciento anual, salvo en 2018). Para ello, el Ejecutivo de Mariano Rajoy contaba con que la economía crecería el 3 por ciento cada uno de esos años. Ahora, ante la proximidad de las elecciones generales, el Gobierno prepara una batería de medidas de corte social -y tinte electoralista-, que aumentarán el gasto, sin tener plenamente asegurado el necesario repunte de la recaudación que lo sustente. Se trata, entre otras, de un alza de las pensiones y del salario mínimo del 1 por ciento en 2016, además de la devolución de la paga extra a empleados públicos. Al decir de los expertos, el impacto de tales medidas -aún no concretado oficialmente- puede comprometer seriamente la disciplina fiscal, es decir, entorpecer el cumplimiento del techo de déficit público, tanto este año (-4,2 por ciento del PIB) como el próximo (-2,8 por ciento). Además, los economistas advierten de que hacen faltan otro tipo de medidas, que afiancen la creación de empleo en 2016 -son precisos más fondos para políticas activas así como rebajar la carga fiscal de las empresas- y aseguren las pensiones, cuya cuantía fue puesta en duda esta misma semana por el gobernador del Banco de España, Luis María Linde. El gasto puede saltar al 1% Tal y como argumenta José Domingo Roselló, del Instituto Flores de Lemus-Universidad Carlos III, el crecimiento en el consumo final de las Administraciones Públicas apunta a superar el 1 por ciento este año, "cuando nos hemos comprometido al 0,1 por ciento, lo que sugiere que habrá que recortar en años posteriores para volver a la senda". En ese sentido, Roselló alerta contra decisiones electoralistas que pongan en un brete la meta de déficit, ya que, ante desviaciones en el rigor Bruselas "exigiría recortes posteriores para volver al cumplimiento. Básicamente, lo que te pasas un año, tienes que recuperarlo en años posteriores". De la misma opinión es Javier Santacruz, investigador de la Universidad de Essex, para quien "va a ser muy difícil cumplir el objetivo de déficit. Ya incluso lo era antes sin contar con un incremento importante del gasto público, con lo cual ahora es aún más difícil". Coincide este economista en que el fenómeno que se está produciendo es el de un aumento del gasto público muy intenso, frente a una ralentización de los ingresos. Según detalla Santacruz, la base imponible homogénea del IRPF -el impuesto que más recauda del sistema tributario español- cayó el primer trimestre de 2015 el 0,8 por ciento interanual frente a un incremento del 2,6 por ciento de la base imponible del IVA. En términos de recaudación, los ingresos por IRPF han avanzado un tímido 0,3 por ciento interanual en términos homogéneos, es decir, descontando devoluciones y pagos a cuenta. "Por tanto, es muy difícil que se logren cuadrar las cuentas teniendo a los dos principales impuestos comportándose de esta manera y el gasto creciendo", alerta Javier Santacruz. Gran esfuerzo fiscal Cumplir los topes de déficit público exigidos a España por Bruselas de aquí al año 2017 supone un enorme esfuerzo de ajuste en las cuentas nacionales. Sin ir más lejos, este mismo año nuestro país debe rebajar su desvío presupuestario desde el -5,68 por ciento del PIB con el que cerró 2014 hasta el -4,2 por ciento fijado para finales del presente ejercicio. Es decir, hace falta una reducción de 1,48 puntos porcentuales del PIB, que en millones contantes y sonantes equivalen a limar alrededor de 14.800 millones del Presupuesto General del Estado (cada punto de PIB son unos 10.000 millones de euros). En 2016, la magnitud del esfuerzo fiscal será similar, pues nuestro país se ha comprometido a achicar el déficit hasta el -2,8 por ciento del Producto Nacional Bruto, lo que implica que el año próximo habrá que ajustar otros 14.000 millones de euros (1,4 puntos del PIB). En ese contexto de enorme esfuerzo fiscal, ¿cómo se puede compatibilizar el alza del gasto público ocasionado por las medidas del paquete social de Rajoy? El Gobierno espera lograr una recaudación extra de 20.000 millones de euros, gracias al mayor crecimiento del PIB, que podría llegar incluso al 3,6 por ciento. Pues bien, tampoco parece asegurado que esas previsiones se cumplan. "Los datos hasta abril indican que la recaudación acumulada del Estado aumentó en 2.455 millones, un 4 por ciento en términos reales, alcanzando 63.583 millones frente a los 61.128 millones recaudados en el mimo periodo de 2014", asegura José María Mollinedo, secretario general de Gestha, "por lo que, salvo que se intensifique el ritmo recaudatorio, no parece fácil que se pueda llegar a cumplir el objetivo de recaudar esos 20.000 millones extras". La mayoría de los expertos consultados por elEconomista cuestionan que 2015 sea el mejor momento para aumentos del gasto público, y defienden que en todo caso esos fondos deberían usarse para impulsar de modo activo la creación de empleo y también apuntalar la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social, sobre todo en lo referido al cobro de las pensiones y a su cuantía. Subir pensiones, electoralista El profesor del IEB Miguel Ángel Bernal critica varias de las medidas anunciadas estos días por su marcado carácter electoralista, como es el caso de la previsible alza de las pensiones en torno al 1 por ciento en 2016. "Este año acabaremos con una inflación muy baja y la ley dice que mientras los ingresos sean más bajos que los gastos no habrá más subida del estipulado 0,25 por ciento. Y eso no sucede", explica Bernal. La realidad de las cifras parece dar la razón a los críticos con este anuncio, típico de un año electoral, por el desfase evidente entre ingresos y gastos del sistema. "El gasto en pensiones sube el 3 por ciento mientras que los ingresos por cotizaciones de activos suben el 1 por ciento", detalla el profesor del IEB, quien también avisa de un problema de urgente solución: las bases de cotización de los que entran al sistema de la Seguridad Social son muy bajas, pero las de las personas que se jubilan son más elevadas. Para este analista, además, habría que sustituir anuncios de corte electoral -con elevado impacto en la consecución del objetivo del déficit- por acciones que fortalezcan la creación de empleo, "con rebajas de cotizaciones a las empresas, que sufren un alto coste fiscal y que son, en última instancia, las que más pueden impulsar la generación de puestos de trabajo. José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, se refiere a los llamados ciclos presupuestarios políticos, que no son más que "aumentar el gasto público en el año electoral para internar conseguir un mayor apoyo en las elecciones y aumentar sus probabilidades de ser reelegidos". Este economista alerta de que la pérdida de la disciplina fiscal en el año electoral -que pone el riesgo el cumplimento del deficit con Bruselas- es más grande cuanto menor es la probabilidad esperada de ganar las elecciones. Y avisa de que, tras las elecciones hay que volver a la disciplina fiscal, "y el coste es mayor cuanto mayor haya sido la desviación de la meta durante el período electoral". El foco debe ser el empleo Juan Fernando Robles, profesor de Finanzas, se cuenta entre los expertos que opinan que el tope del déficit público del -4,2 por ciento este año sí se podrá cumplir, salvo factores imprevistos o bruscas alzas del petróleo, por ejemplo. Ahora bien, avisa de que la principal preocupación del Gobierno debería ser "situar el foco en la generación de empleo. Una moderada expansión del gasto, siempre y cuando se oriente a incrementar la renta disponible junto con caídas fiscales con efectos similares, serán beneficiosas para el empleo por incrementar la demanda, teniendo efectos multiplicadores sobre la recaudación fiscal. Además, hay un ambiente de mayor relajación de las exigencias desde Bruselas". Considera Juan Fernando Robles que el crecimiento del PIB español en 2016 puede estabilizarse, pero no caer significativamente, por lo que el cumplimiento del déficit, en un escenario central, "cumplirá los objetivos de forma aproximada". Este economista advierte, no obstante, de que las tentaciones de aumento del gasto público siempre tienen un coste, y que después de los procesos electorales "no es extraño que lleguen los flagrantes incumplimientos" de los anteriores anuncios.