El 'software espía' para acceder ilícitamente al contenido de otro 'smartphone' cuesta 1.150 eurosSi escucha interferencias en su móvil cuando está apagado, si observa que se calienta de forma excesiva o que cada vez le dura menos la batería, entonces puede ser que tenga el móvil pinchado. Igual no sólo están accediendo a sus llamadas, a sus whatsapps o emails, sino que lo están usando como micrófono para escuchar sus conversaciones cotidianas, las del mundo offline... Lo más llamativo es que no hablamos de ciencia ficción. Es más fácil de lo que imaginamos. Proliferan las técnicas para interceptar las comunicaciones y, como es lógico, la preocupación por mejorar la seguridad también va en aumento. Imitar a un agente secreto cuesta apenas 1.149 euros. Es la cantidad que hay que desembolsar en una tienda física por el software que da acceso a todo el contenido de otro smartphone. Bastará instalar el programa en el móvil de la persona que se quiere espiar y, a partir de ahí, entrar con una contraseña a una web en la que aparecen todos los audios de las llamadas, sus mensajes, correos electrónicos y hasta las páginas que visita la víctima cuando navega. Sólo si esa persona resetea el terminal por algún motivo y restaura los valores de fábrica se perderá el rastro... hasta que el pirata vuelva a acceder a ese móvil y le instale de nuevo el programa en cuestión. ¿Un antivirus protegería de estos ataques? Lo cierto es que no serviría de nada, porque el software espía tiene nivel de superadministrador, con lo que el antivirus no lo toma como un intruso. El sistema funciona con cualquier operador, salvo contadas excepciones, como es la versión 8.3 de iOs. Basta que estén activados los servicios gratuitos de llamada en espera y multiconferencia -Movistar lo trae activado por defecto, mientras que en Vodafone y Orange hay que activarlos y solo se puede si la línea es de contrato-. Sin dejar rastro El programa espía incluye un móvil que se utiliza para activar el micrófono del teléfono espiado y así escuchar cuanto sucede cerca del terminal. La víctima no detecta esa llamada -ni suena, ni se enciende la pantalla- y simplemente se activa el micrófono. "Es entonces cuando, como es lógico, si se abusa del tiempo, el móvil se calienta y puede llevar a que el espiado sospeche", nos cuenta el vendedor. ¿No deja rastro? En la factura del terminal hackeado no aparecerán las llamadas desde el teléfono pirata, pero en cambio sí queda un registro al que puede acceder la Policía tras la correspondiente denuncia. En el transcurso de esa investigación, los agentes intentarán localizar el teléfono que se ha utilizado de intermediario o gancho, que por cierto lleva una SIM sin identificar de Lebara, de las que venden los locutorios -curioso vacío legal, porque se puede utilizar sin antes notificar los datos del usuario-. También el delincuente podrá borrar ese software de forma remota para limpiar al máximo la huella e intentar quedar impune. Desde la tienda de artículos de espía insisten en que llevar a cabo este tipo de acciones está castigado duramente por la ley. Así lo establece el artículo 197 del Código Penal: "El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a 24 meses". Si el pirata no se conforma con espiar, sino que además difunde ese material, las penas aumentan: "Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas". El vendedor nos explica que este sistema es legal si dejamos claro a la otra persona de que está siendo espiada. De hecho, muchas empresas deciden utilizarlo en los teléfonos de los comerciales, que saben que están siendo monitorizados. Estas herramientas les son muy útiles bien para comprobar cómo es esa relación con los clientes o para conservar el registro de todas las conversaciones ante cualquier problema que pudiera existir. Por mandato judicial Así, como es sabido, la única forma legal por la que está autorizado interceptar las comunicaciones sin avisar a la víctima es a través de autorización judicial. Cuando hay una investigación en marcha, el magistrado puede pedir que se pinchen los terminales de los presuntos delincuentes. El tema no es para nada baladí. Y, de hecho, se calcula que en España cada año se hackean por diferentes motivos entre 4.000 y 5.000 líneas. Un ejemplo: la jueza de Lugo, Pilar de Lara, en el marco de las operaciones Pokémon y Manga, ordenó el pinchazo de 200 líneas de políticos, empresarios... ¿El resultado? Un centenar de imputados. En los últimos días se ha anunciado que Estados Unidos está revisando su política de intervención de comunicaciones entre móviles, tachada por muchos como inconstitucional por vulnerar esos derechos básicos a la intimidad... Un panel de jueces del Segundo Tribunal de Apelaciones ha dictaminado que el programa que venía desarrollando en este sentido la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) no estaba autorizado por el Congreso en la Ley Patriota. Todo lo revelado por Eduard Snowden sigue levantando ampollas. Basta recordar los ríos de tinta derramados cuando se descubrió que los servicios de inteligencia del presidente Barack Obama no escatimaban a la hora de interceptar las comunicaciones hasta de sus socios europeos, entre los que se encontraba la mismísima canciller alemana, Angela Merkel. Se habló mucho entonces también de qué terminal era más seguro, con dispositivos que cuenten con un sistema superior de encriptación de las llamadas telefónicas.