Hacienda siempre ha mantenido que habrá Presupuestos para el año que viene y no prórroga de los de este ejercicioEl apretado calendario electoral va a permitir al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, centrar el final de la legislatura en lo económico, como pretendía. Sin embargo, no va a ser la situación macro la que marque la actualidad, sino la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, en caso de que el Gobierno cumpla con la intención, expresada en numerosas ocasiones por varios de sus miembros, de no prorrogar las cuentas de este ejercicio. Fuentes consultadas por elEconomista aseguran que si Rajoy convoca las elecciones a finales de noviembre, los presupuestos podrían impulsarse en agosto, eso sí, el 31 de septiembre deberían estar cerrados. De acuerdo con el apartado tercero del Artículo 134 de la Constitución establece que "El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Asimismo y en el apartado cuarto queda establecido que "si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del anterior hasta la aprobación de los nuevos". Los expertos consultados inciden en que, en caso de ser prorrogadas, las cuentas estarían tremendamente condicionadas, dado que en ningún caso podrían exceder el techo de gasto que se hubiera fijado el año anterior. Con todo, sí es posible redistribuir de forma diferente esa cantidad tope entre las distintas partidas y ministerios. Hay que tener en cuenta que el Gobierno va a tener que reducir el déficit público desde el 5,5 por ciento al 4,2 por ciento este año, en lo que supone un ajuste en el entorno de los 13.000 millones. El año que viene ese agujero debería descender hasta el 2,8 por ciento comprometido con Bruselas, el equivalente a unos 14.000 millones de euros. La mitad de ese esfuerzo de ajuste deberán llevarlo a cabo las comunidades autónomas y la Seguridad Social. En principio, el Ejecutivo cuenta con tener más margen presupuestario, gracias a que el mayor avance previsto del crecimiento ayudará a elevar las bases imponibles, como también lo harán la creación de nuevos puestos de trabajo y la reducción de la tasa de desempleo. Fuentes del ministerio de Hacienda han dejado claro, en numerosas ocasiones, que el objetivo del Gobierno es aprobar los presupuestos del año que viene para evitar que suceda lo que la pasada legislatura, en la que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero optó por prorrogarlos cuando adelantó las elecciones al 20 de noviembre de 2011. "Estamos preparados" Esta misma semana, la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás recordó que el ministerio de Hacienda trabaja en la elaboración de las cuentas públicas desde el inicio de cada ejercicio. Esto es así, en buena medida, por las obligaciones de información y de actualización de datos económicos que España tiene frente a sus socios comunitarios. De hecho, el Programa de Estabilidad aprobado por el Gobierno el pasado jueves supone el primer paso para fijar el techo de gasto, que debe quedar aprobado antes de que finalice el mes de junio. En el Congreso, la propia Fernández Currás remarcó que "una vez que se actualiza el Programa de Estabilidad el presupuesto ya está muy avanzado", ya que supone la envolvente de las cuentas, que es la parte más complicada del proceso. Así y pese a que, según dijo, ni Hacienda ni ningún otro ministerio ha recibido órdenes para empezar a llenar de contenido esa estructura presupuestaria, si el Gobierno decidiera adelantar la tramitación al verano se podría llegar a tiempo. "Nosotros seguimos el calendario normal pero, por supuesto, estamos preparados. La casa de Hacienda siempre está preparada", apuntó Currás. En todo caso, sucede que si las iniciativas legislativas de mayor calado no se tramitan en su totalidad antes del día en que se produce la disolución de las Cortes, éstas decaen, de forma que su trámite debería iniciarse de nuevo la siguiente legislatura.