El juez Andreu admite a trámite una querella presentada por un clienteLa Audiencia Nacional va a investigar a Banco Madrid y a los miembros de su consejo de administración hasta la intervención y posterior quiebra. El juez Fernando Andreu admitió a trámite una querella presentada por un cliente de la entidad contra la filial del andorrano BPA y sus responsables por un presunto delito de blanqueo de capitales. La denuncia va dirigida contra el expresidente, José Pérez, el exconsejero delegado, Joan Pau Miquel, los dos máximos accionistas, Higini y Ramón Cierco, y los vocales Ricard Clement, Rodrigo Achirica y Soledad Nuñez. El magistrado considera que los hechos descritos en la querella de la compañía Liuniaski y su subsidiaria Marine Instruments podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, al entender que los querellados, como consejeros de Banco Madrid, pudieron suprimir o minimizar los controles internos para ocultar fondos de origen ilícito. El auto de apertura de diligencias dictado ayer por el juez señala que estos hechos "deben ser objeto de investigación penal" al haber podido causar numerosos perjuicios a los inversores, depositantes, a la propia entidad y a la economía nacional en su conjunto. Andreu llega a esta conclusión después de haber preguntado al Ministerio Fiscal y de que éste haya determinado que existen indicios de delito penal. No obstante, el magistrado se ha dirigido a Anticorrupción para comprobar si ya ha abierto una investigación por los mismos acontecimientos. De hecho, este órgano recibió una denuncia promovida por el Servicio Antiblanqueo, días después de que Banco Madrid fuera intervenido, a mediados de marzo, después de que las autoridades de los Estados Unidos acusaran a su matriz andorrana de haber cooperado con las mafias internacionales para lavar dinero. En la querella presentada por Liuniaski se relatan los hechos acontecidos desde la denuncia de los EEUU contra BPA, la intervención del Banco de España hasta las jornadas posteriores que llevaron a Banco Madrid a presentar concurso de acreedores. El cliente tenía invertidos en un fondo de renta fija 683.458,5 euros ,comercializado por la entidad que presidía José Pérez, que gestionaba además la tesorería que le reportaban los dividendos obtenidos por la filial Marine Instruments. Éstas aportaciones sumaban más de 2,5 millones de euros, según el auto judicial.