Modifica las condiciones de la Responsabilidad Patrimonial de la AdministraciónEl Gobierno quiere evitar que en el futuro casos como el del almacén de gas Castor, las autopistas quebradas o el AVE que une España y Francia hipotequen la estabilidad presupuestaria del país. Por eso, el Consejo de Ministros aprobó ayer una modificación en la Responsabilidad Patrimonial Administrativa (RPA) por la que limita el importe que el Estado tendrá que asumir y pagar en el caso de que futuras concesiones entren en quiebra. Hasta ahora, la normativa señalaba que si hay un resolución de la concesión, sea cual sea su causa, la Administración debe abonar al concesionario las inversiones que ha realizado. Con la reforma, si la resolución se produce por una causa imputable al contratista, como ocurre en los casos de insolvencia o concurso de acreedores, y no por una decisión del Gobierno, como ocurrió con el Castor, la indemnización se determina por el valor de mercado de la concesión, que en buena lógica será inferior a la inversión. Según explicó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este nuevo régimen, en el que han participado los distintos ministerios económicos, encabezados por el de Fomento y Hacienda, incentivará que se produzca "un cálculo riguroso de las inversiones necesarias en la concesión y una mejor gestión", ya que el concesionario, si la resolución le es imputable, ya no tendrá garantizada la recuperación de la inversión. El valor de la infraestructura se determinará por el importe al que se adjudique de nuevo la concesión en el caso de que vuelva a salir a concurso, o bien por el beneficio bruto de explotación (ebitda) que haya generado en los últimos tres años. La medida, en todo caso, no tiene carácter retroactivo, por lo que las ocho autopistas quebradas o el AVE que une España y Francia, gestionado por la sociedad TP Ferro, que participan al 50 por ciento ACS y la francesa Eiffage y que hace un mes solicitó el preconcurso de acreedores, así como cualquier concesión manterializada antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, se acogerán a las condiciones actuales de la RPA. En el caso de las autopistas quebradas, si finalmente el plan de nacionalización planteado por el Gobierno no sale adelante, el Estado tendrá que asumir el pago de unos 4.500 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial. Desde la patronal de las constructoras Seopan van más allá, y calculan que supondría en torno a 8.000 millones, de los que 5.700 millones corresponden a la RPA y 2.300 millones a los procesos judiciales que se abrirían. El Gobierno pagó a finales del año pasado 1.350 millones a ACS por el cese de la actividad, ordenado por el propio Ejecutivo, del almacén de gas Castor, mientras que está a la expectativa de una resolución del AVE a Francia, que tiene una deuda de 428 millones.