Sanciona a nueve empresas y dos asociaciones por pactar los precios de compra y repartirse el mercadoSanción histórica a la industria láctea. La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia) ha impuesto una multa de 88,2 millones -la cuarta de mayor cuantía en su historia- a nueve empresas y dos asociaciones que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca al considerar acreditado que vulneraron la Ley de la Defensa de la Competencia. Las sanciones más elevadas corresponden a Danone (23,2 millones de euros), Corporación Alimentaria Peñasanta (21,8 millones), Grupo Lactalis Iberia (11,6 millones), Nestlé España (10,6 millones), Puleva Foods, hoy integrada en Lactalis (10,2 millones) y Calidad Pascual, el antiguo Grupo Leche Pascual (8,5 millones). También habrían incurrido en las conductas prohibidas Industrias Lácteas Asturianas (Ilas), Leche Río, Feiraco, Leche Celta y Forlactaria, si bien su infracción habría prescrito. Según explica la CNMV, "las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por los infractores han consistido en el intercambio de información a nivel nacional y regional sobre los precios de compra de leche de vaca cruda, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche". Además, en determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales. Intercambio de información "Las empresas transformadoras dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían a sus ganaderos, los que iban a ofrecer en un futuro, la identidad de los ganaderos y los volúmenes adquiridos de éstos, o identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador", dice Competencia. Este expediente tuvo su inicio a raíz de un estudio sobre el sector lácteo remitido por el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castill y León, en el que se manifestaba la existencia de posibles conductas prohibidas tras una denuncia de la UPA. Fue entonces cuando la CNMC abrió su investigación con inspecciones domiciliarias. Las empresas, sin embargo, lo niegan todo y presentarán un recurso ante la Audiencia Nacional, convencidas de que "la justicia nos acabará dando la razón".