Repsol, Petrobras y Total pagarán antes del 2 de octubre 100 millones de eurosla paz/ madrid. El Gobierno de Evo Morales inició ayer las negociaciones con las petroleras extranjeras, entre ellas Repsol YPF, para firmar antes del 1 de noviembre los nuevos contratos que les permitirán adecuarse a la nueva realidad tras la nacionalización de los hidrocarburos decretada el pasado 1 de mayo. Así lo confirmó el ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, quien adelantó que su despacho se encargará exclusivamente de este asunto al igual que sus colegas de Defensa, Walker San Miguel; de Hacienda, Luis Alberto Arce; de Hidrocarburos, Andrés Solíz Rada, y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana."Las negociaciones comienzan desde este martes en adelante. Esto va a permitir culminar los contratos el 1 de noviembre", declaró el ministro de Planificación del Desarrollo, quien precisó que los plazos establecidos en el Decreto Supremo 28701 "se cumplirán de forma indefectible".Sin embargo, el ministro Villegas dejó entrever que si el Poder Ejecutivo culmina las negociaciones antes de la fecha prevista con las petroleras extranjeras, inmediatamente los cinco ministros darán a conocer a la opinión pública las conclusiones. La petrolera hispano-argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras y la francesa Total deberán pagar antes del 2 de octubre otros 130 millones de dólares (unos 100 millones de euros) en cuatro cuotas correspondientes al tributo adicional anunciado por el Gobierno, después de que el 1 de septiembre hicieran efectivo el primer pago de 32,3 millones de dólares (25 millones de euros).Los pagos deben realizarse al Ministerio de Hidrocarburos, que a su vez los destinará para impulsar el funcionamiento de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) y que corresponden al 32 por ciento del valor de la producción de los campos de gas de San Alberto y San Antonio, operados por las tres compañías. Los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, de mayoría opositora, realizarán el viernes una huelga conjunta en contra del "manejo hegemónico y totalitario" que el Gobierno de Evo Morales y su partido, el Movimiento Al Socialismo, pretende hacer de la Asamblea Constituyente ya que, en su opinión, se pondría en riesgo su demanda de autonomías departamentales. Además, han pedido observadores internacionales para "vigilar" la Asamblea, lo cual ha sido tachado por el Ejecutivo de "barrabasada política e intromisión".La Fiscalía brasileña ha amenazado a Petrobras que podría querellarse si la petrolera no defiende el interés de los ciudadanos del país en su negociación con Bolivia de los nuevos contratos.