La Fiscalía pide 4 años y seis meses de cárcel por un delito de apropiacion indebidaEl juzgado de instrucción número 6 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra la excúpula directiva de Ruralcaja por un delito de apropiación indebida en concurso con un delito de insolvencia punible por el trasvase de 3 millones de euros que la entidad bancaria ordenó entre dos mercantiles del mismo grupo para poder satisfacer parte de una deuda. La acusación se dirige, como autores principales, contra el expresidente de Ruralcaja, Eduardo Ferrer; el exvicepresidente, José Montoliu; el exdirector general de la entidad, Juan José Arrieta; José Virgilio Garzón, director de la sucursal que concedió el préstamo; y el legal representante de Cosesa y Afrepark, Pascual Serrano. Además, como responsables civiles subsidiarios, contra Cajamar, entidad en la que se integró la antigua Caja Rural del Mediterráneo (Ruralcaja). El juzgado fija fianza de responsabilidad civil por una cuantía de 400.000 euros para todos los acusados contra los que se abre el juicio oral, de forma conjunta solidaria. Asimismo, se señala la Audiencia Provincial de Valencia como órgano competente para cono- cer y fallar sobre la causa y, por tanto, a ella se remitirá una vez concluida la instrucción. El auto de apertura coincide en el tiempo con el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, en el que se solicita para los acusados cuatro años y seis meses de cárcel por los mismos delitos y una fianza de 400.000 euros, informan fuentes jurídicas. La causa se remonta a 2007, cuando unas 20 personas suscribieron un contrato con la entidad Afrepark S.L. -perteneciente al grupo Cosesa- para la compraventa de unas plazas de garaje ubicadas en la calle Jesús. Para ello, los compradores entregaron ciertas cantidades de dinero, aunque las obras no se hicieron. Afrepark luego entró en quiebra.