E n las condiciones en las que se está presentado el TTIP (Tratado de Libre Comercio) entre Europa y Estados Unidos corre un enorme riesgo tanto el modelo social de agricultura como el modelo de alimentación". Con esta rotunda frase expresaba Miguel Blanco, secretario general de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la oposición del sector agroalimentario a lo que puede ser el devenir del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Lo que inicialmente se presenta como bondades para la economía de los países de la UE en general, y el sector exportador, en particular, tiene también su contraparte menos amable escrita letra pequeña. Al menos así lo considera el sector. La reducción de barreras burocráticas, la supresión de todos los aranceles y la armonización de reglamentaciones que recoge el proyecto de asociación estratégica que actualmente están negociando los dos grandes bloques, podría implicar, entre otras consecuencias, la destrucción del modelo social agrícola tal y como lo conocemos o la desaparición de las Denominaciones de Origen. Según Blanco, el mandato sobre el que se está trabajando "no establece unos estándares de que garanticen el principio de soberanía alimentaria", o lo que es lo mismo, los parámetros de seguridad que se exigen al sector en el ámbito de la Unión Europea, mucho más estrictos que los que exige la normativa estadounidense. De hecho, y a pesar de la insistencia del Jochen Müller -analista político de la Comisión Europea en España que, durante el seminario Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión. El Parlamento Europeo decide, celebrado el pasado día 17 de noviembre-, que afirmó que "no sacrificaremos los estándares europeos a costa de negociar un tratado. El mandato ha sido dotado de claras líneas rojas que pasan por la protección de nuestra salud y derechos", lo cierto es que el pasado 21 de octubre, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malsmstöm, recibía una reveladora misiva firmada por 15 de los 28 países de la Unión Europea, entre ellos Grecia, República Checa, Dinamarca, Portugal, Suecia, Reino Unido y España. Ante las dudas que se plantean respecto al "riesgo que podría suponer para los servicios públicos, el derecho de los gobiernos nacionales a regular y al menoscabo de las normas europeas sobre los alimentos, seguridad o salud", los países firmantes solicitaban "no deshacerse de los temas difíciles" ni permitir "un acuerdo de mínimos o la ausencia del mismo". El escrito continúa reforzando la idea de que "Europa tiene que pensar a lo grande y demostrar un liderazgo claro si queremos generar el crecimiento que tanto necesitamos, además de mantener el liderazgo mundial". Otro de los riesgos que desde COAG se ha puesto de manifiesto se es el relativo a la pérdida de empleos por la deslocalización que se puede producir debido a los intereses de las compañías transnacionales que "operarían en el mercado con total garantía y ocuparían los nichos de mercado de los pequeños productores y pymes del sector". En este sentido, Blanco hace referencia al número de puestos de trabajos que se cobró el Nafta (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) en el sector agroalimentario en México, que según algunas organizaciones mexicanas "superan el millón". Progresivo y armonizado El escepticismo del sector ante algunos de los puntos clave del mandato no debe confundirse con proteccionismo comercial o cierre de fronteras. "No nos da miedo la globalización, siempre y cuando se avance hacía un principio de soberanía alimentaria que responda a las necesidades de la sociedad en todos los niveles", explica Blanco. En este sentido el sector está abierto a que se produzca el acuerdo, pero garantizando que sea durante "un periodo transitorio de varios años, durante el que se vayan armonizando los parámetros de los dos modelos, pero sin que ésto implique bajar los nuestros", es decir, elevando los estándares americanos. Algo que se torna más en deseo que en realidad, ya que "ellos están convencidos de que su modelo es el válido y se debe producir así". Esta relajación en los parámetros de seguridad alimentaria resulta paradójica, cuanto menos, a la vista de las barreras sanitarias a las que tienen que someterse los productos procedentes de la UE dentro del mercado americano. Un proteccionismo que "no es tan malo, ya que es una estrategia para proteger su producción, al igual que nosotros debemos avanzar en proteger la nuestra", puntualiza Blanco. La apertura comercial es, también, cultura, variedad y especialización de la producción pero siempre y cuando se de dentro de un marco regulado que permitiese el crecimiento de las exportaciones en sectores como el del aceite de oliva o el vino. En concreto, en el caso de la especialización "no nos podemos negar a que se supriman los aranceles" concluye Blanco.