La asamblea de bonistas se produce justo un año después de los terremotosLa asamblea general de bonistas del almacén de gas Castor se reunió ayer en Luxemburgo justo al cumplirse un año desde que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, decidiera paralizar la instalación por culpa de los más de 500 terremotos registrados en la provincia de Castellón. La reunión de bonistas puede convertirsse en el paso previo antes de que el Gobierno apruebe el pago de la indemnización de 1.400 millones de euros. En este encuentro, los inversores pudieron analizar el informe presentado por la compañía el pasado mes de agosto con las cuentas del primer semestre del ejercicio de 2014. Según el documento, al que tuvo acceso elEconomista, los promotores ACS y Escal consideran que el valor de este almacén -paralizado desde hace un año- se ha incrementado en nada menos que 18 millones. En la documentación presentada por Escal UGS, la compañía cifra los activos del almacén en 1.718,5 millones de euros, frente a los 1.700 millones a cierre de 2013. Este incremento viene a sumarse al aumento de presupuesto que viene acumulando el proyecto desde su nacimiento: los promotores lo valoraban al principio en 600 millones y ha acabado costando 1.718 millones. ACS y Escal, de hecho, tuvieron que presentar una primera auditoría el pasado 17 de enero de este año para justificar estos costes. Concretamente, DNV, una sociedad elegida entre los promotores y Enagás, realizó una valoración de los estándares de inversión realizados después de que se descubriera el sorprendente encarecimiento del proyecto. Por otro lado, Escal envió el pasado 28 de mayo su informe final sobre los seísmos elaborado por la Universidad de Bristol y el Institute GFZ de Berlín y, según recoge en la memoria, recibió la petición de esperar hasta nueva orden por parte del Ministerio de Industria. La paciencia de los promotores del almacén no fue mucha, ya que apenas unos días después, concretamente, el 18 de julio decidieron iniciar los trámites para la reversión de la concesión al estado después de haberse asegurado el consentimiento del Banco Europeo de Infraestructuras y del asegurador de los bonos. Pese a esta decisión de salida, la compañía promotora intentó seguir adelante y presentó el pasado 22 de julio un informe comentado sobre el documento que elaboró el Instituto Geológico. El 27 de septiembre del año anterior se les impuso la condición de esperar hasta conocer los informes técnicos. El Gobierno ha realizado peticiones a Instituto Tecnológico de Massachussets y a la Univeridad de Stanford, pero considera que no se podrá alcanzar una conclusión definitiva en años. Con todo este escenario, el Gobierno ha diseñado una operación de rescate financiero que supondrá crear un vehículo de inversión privada con un interés que rondará el 4,5 por ciento para que todos los consumidores paguen esta polémica instalación de gas.