E spaña se mantiene a la cola en eficiencia energética en edificación entre los países europeos. A pesar del año de rodaje del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, vigente hasta 2016, las cifras no mejoran. Cada hogar medio español pierde mil euros al año en energía. Un aislamiento adecuado en la edificación puede ahorrar hasta un 50 por ciento de energía. La cifra es sustancial, si se tiene en cuenta que el consumo residencial supone el 17 por ciento del total de gasto final del país. La Directiva de Eficiencia Energética impone requisitos muy estrictos. "Obliga a realizar auditorías energéticas, implantar sistemas de gestión energética y a renovar todos los años el 3 por ciento de los edificos públicos" apuntan desde la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos (Anese). Pero la trasposición descafeinada de la norma europea no convence al sector. De hecho, llega con retraso y a regañadientes, después de la condena del Tribunal de Justicia Europeo a nuestro país el pasado mes de enero por incumplir la Directiva. Además, implicará menores ahorros energéticos a las grandes empresas, menores ingresos fiscales para la Administración y un menor crecimiento para las empresas del sector, según la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e), que cuantifica en 1.000 millones de euros los ahorros perdidos, en 60 millones de euros los ingresos fiscales que la Administración dejará de ingresar, y en 200 millones de euros el recorte en la facturación de las empresas vinculadas con la eficiencia de las edificaciones. El sector residencial y terciario (hoteles, comercios y similar) es el que presenta un mayor potencial de ahorro. En el extremo opuesto se encuentra el sector industrial, "muy al día" en materia de eficiencia, a causa de la escalada de precios y la necesidad de ganar eficiencia energética como clave para mejorar la competitividad. De momento, la eficiencia energética es uno de los pocos sectores que están absorbiendo mano de obra en el sector de la construcción. El casi centenar de empresas que integran el sector consiguieron facturar 1.100 millones de euros en 2013 y este año esperan superar los 1.600 millones de euros. Pero los resultados de las iniciativas que se han ido aplicando siguen sin ser visibles. Por ejemplo, la obligatoriedad del certificado energético de la vivienda como requisito para ser vendida o alquilada. La mitad del parque inmobiliario se construyó antes de 1979, y antes de esa fecha no existía ninguna normativa relativa al aislamiento. Eso explica que casi el 80 por ciento de los edificios certificados se mueva entre las letras E, F y G, las peores calificaciones. Las nuevas construcciones tampoco consiguen ajustarse a las normas de eficiencia que se ha marcado la UE. El objetivo a partir del 31 de diciembre de 2020 es que todos los edificios de nueva construcción tengan un consumo de energía casi nulo. En España existen proyectos, soluciones técnicas, legislación suficiente y voluntad de edificar de forma energéticamente eficiente, pero el sector advierte: faltan organismos intermediarios (públicos y privados) que ayuden a conseguir y gestionar la financiación procedente de Europa para los proyectos de eficiencia energética. A las exigencias de aislamiento hay que sumar ahora la contabilización individual de calefacción obligatoria con la trasposición definitiva de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de 2012, prevista para este mismo mes. Antes de que termine 2016, los aproximadamente 1,7 millones de viviendas que mantienen sistemas centralizados de calefacción tendrán que instalar un dispositivos de medición individual, una medida capaz de reducir una media del 20 por ciento el consumo de calefacción y agua caliente, según la compañía Ista, líder mundial en el sector de la facturación de consumos. La empresa calcula un ahorro medio de 180 euros anuales por vivienda gracias a la medión real de su consumo, y un ahorro global en España de 1.100 millones de euros en cinco años, con la consiguiente reducción de emisiones de 1,9 millones de toneladas de CO2 al año. En Europa, cerca de 30 millones de viviendas están dotadas de este dispositivo de reparto de costes de calefacción central, y unos 150 millones de dispositivos instalados.