La autopista de Ocaña-La Roda tiene una deuda cercana a los 520 millonesLas empresas propietarias de la autopista de peaje entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete), la AP-36, donde Ferrovial figura como accionista de referencia, presentarán este jueves a sus acreedores un convenio con el que evitar la liquidación de la sociedad concesionaria de la carretera. El día 22 de mayo estaba marcado en rojo en el calendario por ser la fecha tope para tener listo este documento y que la autopista no entrara en causa de disolución. Las empresas concesionarias de la AP-36 logran ganar así más tiempo mientras el Ministerio de Fomento decide la creación de la sociedad pública en la que está previsto integrar todas las vías de peaje que se encuentran en concurso de acreedores. En concreto, la AP-36, la autopista que más avanzado tiene su proceso concursal, tiene ahora hasta el 18 de julio, mientras el departamento de Pastor concreta esta solución de urgencia. Ese día la autopista de Ocaña La Roda celebra la junta de accionistas en la que se someterá a aprobación el convenio que está ultimando y donde los gestores han trazado un plan de viabilidad que haga sostenible la carretera, muy castigada por la caída de los tráficos en España. No obstante, en los cuatro primeros meses del año el tráfico en esta vía creció un 4,8 por ciento (2.274 tránsitos al día). La deuda de la AP-36 en el momento de pedir su entrada en concurso de acreedores, a finales de 2012, era de 520 millones de euros. El Ejecutivo planteó el pasado mes de abril a la banca y concesionarias una quita a la deuda total, que asciende a 4.600 millones de euros, para rescatar estas carreteras, de las cuales es su titular último. El Gobierno también ha propuesto la creación de un fondo de titulización que emita bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1 por ciento para compensar a bancos y constructoras. Los entidades reclaman que estos bonos estén garantizados por el Estado o que se mejore su rentabilidad fija. El sector constructor pide que los bonos a 30 años, que serían emitidos por esta sociedad pública, puedan ser comprados por terceros, fundamentalmente bancos, sin una penalización del 10 por ciento.