Industria decretó retirar la concesión de estas instalaciones a la eléctrica Endesa y Enagás no están de acuerdo en la primera toma de contacto sobre el importe por el que el gestor técnico del sistema se tiene que hacer con los dos proyectos de regasificadoras en Canarias. En caso de que las compañías no lleguen a un acuerdo antes de mayo, deberán acudir a un arbitraje. El Gobierno ha obligado a este traspaso de titularidad a través de la Ley 17/2013 sobre los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, que tiene como objetivo fomentar la competencia del sector eléctrico en estos territorios e impone un límite en la instalación de nueva potencia a los operadores con una cuota superior al 40 por ciento. Endesa ha tenido tradicionalmente influencia dominante en este territorio, por lo que es la única perjudicada por esta normativa. Esta Ley se publicó en el BOE el pasado 30 de octubre y se decretó un plazo de 6 meses, desde su entrada en vigor, para que Endesa y Enagás llegaran a un acuerdo sobre el traspaso de titularidad. El gestor técnico del sistema ya ha realizado una primera oferta por los proyectos de Granadilla, en Tenerife, y el de Gran Canaria, según explicaron fuentes del sector a elEconomista, y por el momento no ha sido aceptada. En caso de que a los seis meses no haya acuerdo, el Ministerio de Industria pedirá al regulador que nombre un árbitro independiente que, en tres meses, dicte un laudo vinculante para ambas partes en el que se determine el precio de la transmisión, cuya materialización se producirá al cabo de dos meses. El importe de las instalaciones debe estar basado en precios de mercado. Así, según explica la propia Ley, en el caso de las instalaciones que a la fecha de entrada en vigor de la normativa no dispongan de acta de puesta en servicio, el precio de la transferencia estará basado en los costes en que efectivamente se hubiera incurrido por el transmitente hasta el 1 de marzo de 2013. El promotor de ambos proyectos es la sociedad Gascan, participada en un 47 por ciento por Endesa, en un 11 por ciento por Sodecan y en un 42 por ciento por la propia Enagás, que deberá ahora comprar las participaciones a los dos socios. Endesa también se quedará sin las instalaciones de bombeo, ya que deberá traspasar su titularidad a Red Eléctrica. El Ministerio de Industria justificó este cambio por el alto coste del megavatio hora en este Archipiélago y decretó que el gestor técnico del sistema es a quien le corresponde la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de las energías renovables no gestionables. Por su parte, la compañía que preside Borja Prado ha sido muy crítica con la nueva normativa y aseguró que se reserva todas las actuaciones legales que la Ley concede para defender sus intereses. No obstante, también quiso mostrar su disposición al diálogo. "Excluir [...] a Endesa, "supondría desperdiciar recursos y experiencia", ya que la compañía eléctrica recuerda que desde 1997, año en que se liberalizó la actividad de generación en el sistema canario, ha sido el "único agente creíble que se ha comprometido con Canarias con vocación de garantizar la seguridad de suministro".