Los avales financieros siguen siendo la mayor complicaciónLa Autoridad del Canal de Panamá tiene de plazo hasta hoy para dar a conocer una decisión sobre el conflicto que arrastra en los dos últimos meses con el Grupo Unidos por el Canal, que gestiona Sacyr. Según indicaron fuentes consultadas por este diario, las divisiones que durante la pasada semana se mantuvieron entre Sacyr e Impregilo parecen ya superadas. La compañía italiana quería ir a por todas con la reanudación de las obras, pero las buenas relaciones entre la compañía española y la Autoridad devolvieron las aguas a su cauce y permitieron ir avanzando en la búsqueda de un acuerdo definitivo entre las partes, que sigue sin alcanzarse. Ahora la pelota se sitúa en la financiación necesaria de 400 millones de euros para poder proseguir las obras. Por un lado, el Gobierno ha mantenido una posición tímida a la hora de apoyar el proyecto. De hecho, incluso se rumoreó una diversidad de opiniones entre los ministerios de Economía y Hacienda sobre la idoneidad de dar estos avales a Sacyr. El ministro de Economía, Luis de Guindos, no estaba por la labor de realizar nuevas aportaciones mientras el de Hacienda, Cristóbal Montoro, evaluaba las dificultades que podría suponer para la empresa denegarle la aportación de este capital e incluso encargó un informe sobre los riesgos financieros de la compañía con el estado que superaban los 3.000 millones de euros. La Autoridad del Canal de Panamá y Sacyr tienen que planificar el avance de la obra y la entrega de las doce esclusas restantes, así como definir el calendario de devolución de los anticipos, sobre los que las partes ya habían alcanzado una parte de consenso, Sacyr además tendrá que hacer frente en sus cuentas anuales a la provisión de Repsol por la expropiación de YPF en Argentina. La compañía tendrá que asumir cerca de 100 millones de euros por este asunto.