El aumento de cotizaciones es un riesgo para el empleo, según las empresas y la mayoría de expertos El 29 de agosto de 2011, el entonces portavoz económico del Partido Popular (PP), Cristóbal Montoro, abogó por bajar los impuestos, hacerlos más eficientes y recaudar más. En declaraciones a Onda Cero, dijo que bajar los impuestos era "santo y seña" para el PP. "Entendemos que hay que seguir bajando impuestos para ganar recaudación y no al revés", insistió. Casi dos años y medio después, dos de los cuales ha sido ministro de Hacienda, Montoro ha hecho justo lo contrario: ha subido hasta 41 veces la carga tributaria que soportan los españoles, y lo ha hecho tocando todos los impuestos, creando nuevos, prorrogando subidas de otros, incrementando tasas universitarias, eliminando deducciones a empresas, subiendo cotizaciones sociales... hasta gravando los premios de lotería y poniendo a cotizar los cheques de comida. El REAF-Regaf incluso eleva a unas 45 las medidas que agravan la carga tributaria, y ello sin meter "prórrogas ni subidas de Sociedades que también hacen que suba el IRPF de empresarios o de no residentes con establecimiento permanente", explica Luis del Amo. Así pues, el Gobierno del PP es ya el que más ha subido los impuestos. Asimismo, ha incumplido la promesa lanzada en 2012 de devolver a su sitio los tipos de gravamen del IRPF este año, y acaba de asestar otro golpe a la nómina de los trabajadores y a los resultados de las empresas, por la vía de incrementar lo que se paga por cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Con estas subidas, Hacienda busca aumentar ingresos y atajar el agujero de la Seguridad Social, imprescindible para cumplir la meta de déficit público en 2014, que podrá ser como mucho del 5,8 por ciento del PIB. Los cálculos del Gobierno son que la recaudación de 2014 suba en 32.000 millones por las medidas impositivas. No obstante, subir la carga fiscal es lo contrario de lo que piden los empresarios y aconsejan los expertos. En detalle, uno de los riesgos que otean los economistas es que la mayor carga tributaria posponga la recuperación, frene la creación de empleo y, a la par, incentive la economía sumergida. José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, recuerda que nuestro país tiene que subir su recaudación, "porque ingresa el 37 por ciento del PIB, que es una de las más bajas de la Unión Europea. Y la causa de esta baja recaudación es que los impuestos están mal diseñados. Para este experto, "el último gravamen que yo subiría sería el de las cotizaciones sociales, porque tiene un efecto directo sobre el coste laboral, distorsiona la economía y perjudica la contratación". En ese sentido, Conde-Ruiz advierte de que aumentar las cotizaciones tiene el peligro de destruir empleo y/o ralentizar la bajada de la tasa de paro". ¿Qué puede hacer el Gobierno para subir la recaudación? Para el subdirector de Fedea, la vía menos mala sería quitar deducciones fiscales y aumentar las bases imponibles. Cuartos en cotizaciones La realidad es que España es de los países europeos que menos recauda según el PIB, pero en cambio paga las cuartas cotizaciones empresariales más elevadas. En opinión de Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB, "todo lo que sea rebajar la presión fiscal es perfecto para crear trabajo. Hemos venido haciendo una devaluación de salarios, dolorosa, que no se puede poner en peligro por un alza de presión fiscal sobre las empresas". Respecto a si ve margen para aminorar esa carga, Bernal dice que se recaudaría más "si se bajaran impuestos favoreciendo la recuperación. Además, el déficit debe ser solucionado desde el punto de vista del gasto". Con la creación de empleo en mente, la analista de Funcas María Jesús Fernández valora que "la rebaja fiscal más significativa sería rebajar las cotizaciones sociales, pero ahí nos encontramos con el dilema entre aumentar algo la creación de empleo y la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social". Su opinión es que realmente "lo que hay que hacer no es subir o bajar tal o cual impuesto; hay que realizar una reforma fiscal estructural, en profundidad, de todo el sistema impositivo, de forma que aumente su capacidad recaudatoria, sea un sistema más eficiente y reduzca las vías de fraude, y esto puede hacerse sin necesidad de subir tipos". Las últimas medidas anunciadas por el Gobierno que suponen mayor carga tributaria impactan sobre todo en los profesionales autónomos y empresarios en general. En este sentido, Almudena Semur, gerente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), sostiene que la reducción de la presión fiscal soportada por las empresas y autónomos "es prioritaria para las perspectivas de recuperación económica. Se ha dado un primer paso aplicando tipos reducidos de gravamen a las empresas de nueva creación, lo que contribuirá al fortalecimiento del tejido productivo y a la creación de empleo". No obstante, esta experta cree necesario "ir más allá y hacerlo extensivo no sólo a las empresas de nueva creación. Una reducción de tipos en Sociedades aumentaría los recursos que las empresas pueden destinar a financiar proyectos, o crear empleo". ¿Hay margen para aflojar la presión fiscal sin que se resientan los ingresos? La gerente del IEE recuerda que "el peso en la recaudación de los impuestos directos continúa siendo muy superior al de los impuestos indirectos, introduciendo los primeros un efecto renta negativo, a lo que hay que añadir las distorsiones en el consumo y en el ahorro que provocan ambos tipos de imposición". En consecuencia, Semur ve deseable "una estructura tributaria más compensada. Los cambios deberían apuntar a una reducción fiscal de las rentas del trabajo y de ahorro, y a la supresión de determinadas deducciones en Sociedades. Esta supresión debería verse compensada con una reducción del tipo marginal, o con una minoración de las cotizaciones que paga el empresario. Con el objeto de no mermar la recaudación debería haber un ensanchamiento de bases imponibles del IVA". Aflojar la presión La nueva cotización de determinadas retribuciones en especie está generando mucha controversia. En opinión de Luis del Amo, secretario técnico del REAF-Regaf, "aun comprendiendo que la medida se toma para paliar el déficit de la Seguridad Social, viene a incrementar el coste del factor trabajo, ya de por sí muy elevado comparativamente en España, lo que disminuye la competitividad de nuestras empresas y puede entorpecer la creación de empleo". Habría, pues, que aflojar la presión. ¿Cómo? KPMG Abogados sostiene que "el incremento de aquellas cargas impositivas que inciden más directamente en los factores productivos y que perjudican la competitividad de nuestras empresas pueden tener como consecuencia, en el medio plazo, una menor recaudación. Lo lógico sería, por ello, que la presión fiscal se desplazase hacia otros factores". Por su parte, José María Mollinedo, secretario general de Gestha, desdramatiza el efecto de las últimas subidas de cotizaciones sobre las grandes empresas. Según él, "si se reparten los 1.000 millones que el Gobierno espera recaudar por esta vía entre las 5.000 mayores empresas del país, saldría a 200.000 euros por empresa". Respecto a los autónomos y pymes, Mollinedo dice que sí sufrirán más el impacto, pero señala que "un autónomo declara 7.000-8.000 euros menos de media que el resto de asalariados; algo que apunta a la economía sumergida y el fraude".