El consorcio GUPC y la ACP acercan posturas para tramitar la reclamación de 1.200 millonesEspaña descarta ayuda financiera a Sacyr para que concluya la ampliación de las esclusasLa crisis del Canal de Panamá empieza a ver la luz al final del túnel. La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció ayer un principio de acuerdo entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Grupo Unidos por el Canal (GUPC), consorcio empresarial liderado por Sacyr, encaminado a asegurar las obras de ampliación de la vía acuática. Ambas partes, que llevan enfrentadas públicamente desde Año Nuevo por el desvío presupuestario del proyecto de unos 1.600 millones de dólares (1.200 millones de euros), se han comprometido a dialogar para buscar una solución al conflicto que amenaza con paralizar la obra mientras el consorcio procesará sus reclamaciones según lo establecido en el contrato, tal y como ha exigido en reiteradas ocasiones Jorge Quijano, el administrador de la ACP. "El compromiso del consorcio es que todas las reclamaciones van a ir por la vía dentro del contrato (...), por lo tanto ya hay ahí un primer acuerdo. También que se van a sentar a hablar y a dialogar para intentar resolver todos los problemas", aseguró Pastor ayer tras un reunión con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli en unas declaraciones recogidas por Efe. Por su parte, el jefe del Estado panameño, que tildó la intervención de la ministra de "muy atinada y muy significativa", aseguró que "la ACP y el GUPC tienen que resolver todos sus problemas según el contrato firmado entre las partes" La "vía oficial" que establece el contrato y que defienden tanto la ministra Pastor como el mandatario centroamericano para que el consorcio liderado por Sacyr reclame los 1.600 millones de dólares, que supone un desvío del 50 por ciento, consta de tres pasos. El primero supone presentar un escrito ante la contraparte (en este caso la ACP) quien tiene la potestad de aceptar o rechazar la reclamación. En caso de que no haya acuerdo, se pasa a una siguiente instancia que es la Junta de Resolución de Conflictos (DAB en inglés), organismo independiente, compuesto por tres miembros internacionales. En el caso que la decisión del DAB no satisfaga a alguna de las partes, éstas pueden llevar sus reclamaciones ante un Tribunal de Arbitraje con sede en Miami. Actualmente, la Junta de Resolución de Conflictos está analizando una reclamación de 585 millones de dólares que ha presentado el consorcio liderado por Sacyr por el sobrecoste del hormigón (la agencia panameña dio información geológica errónea sobre las cualidades del basalto y su ubicación). A su vez, la DAB ha reconocido sobrecostes a GUPC por 20 millones de dólares y le ha rechazado reclamaciones de unos 130 millones de dólares, explicó Quijano a este diario. Paralelamente a las reuniones políticas, representantes del consorcio (Manuel Manrique, presidente de Sacyr lleva en Panamá varios días) y de la Autoridad mantienen encuentros con el objetivo de poder llegar a un acuerdo y que se completen las obras, que están ejecutadas en un 65 por ciento. Un punto que se contradice con las declaraciones que Quijano hizo a este diario asegurando que estaba en conversaciones con Zurich América, la aseguradora con la que tienen firmado un seguro de finalización de 600 millones de dólares, para analizar alternativas para continuar con la obra en el caso de que el consorcio la paralice el próximo 20 de enero: o la terminan los ingenieros de la ACP o Zurich elige una nueva empresa. En este punto, los gestores de GUPC, también formado por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, aseguraron el sábado que traspasar el proyecto a otra empresa "es inviable". El consorcio asegura que un cambio de constructora podría duplicar o triplicar los costes y defendió que son la única empresa que puede aportar las garantías técnicas. ¿Rescate español? Mientras la ministra Pastor trata de poner fin a las diferencias económicas surgidas entre el contratista y la autoridad, el embajador de España en Panamá, Jesús Silva, se apresuró a asegurar que el Gobierno no apoyará financieramente a la empresa Sacyr para que concluya el proyecto. Así, Silva descartó cualquier tipo de ayuda financiera de su Gobierno a Sacyr para sacar adelante la multimillonaria iniciativa. "No, en ningún caso. El Gobierno español no es parte, es un problema entre un contratista y su cliente. El Gobierno no es parte y en ningún caso se contempla que aporte fondos", señaló. Terminar el proyecto Pase lo que pase, la ACP insiste en que el proyecto se terminará en tiempo y forma. Ayer reafirmó su compromiso con la comunidad marítima internacional y sus clientes de completar con éxito la ampliación de la vía y aseguró en un comunicado que la entidad siempre ha trabajado "con la mejor voluntad para que el contratista complete el proyecto", pero que tienen alternativas para concluirlo aunque la GUPC abandone la obra.