Exige 1.600 millones de dólares en 21 días y el Gobierno del país lo rechazaGuerra abierta entre Panamá y el consorcio liderado por Sacyr para llevar a cabo las obras de ampliación del Canal en este país centroamericano. El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) ha enviado una carta a la ACP (la Autoridad del Canal de Panamá) en la que le comunica que si en el plazo de 21 días no abona los 1.600 millones de dólares (1.160 millones de euros) de sobrecoste del proyecto, paralizará de forma inmediata las obras de construcción del tercer juego de esclusas. El consorcio, que además de Sacyr integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, asegura que ha tomado esta decisión "ante la falta de respuesta por parte de la ACP y del seguimiento de las conversaciones iniciadas" sobre las reclamaciones económicas. El proyecto de ampliación El GUPC se adjudicó el proyecto de ampliación por un valor global de 5.250 millones de dólares (3.830 millones de euros), de los cuales 3.118 millones de dólares (2.260 millones de euros) corresponden al contrato para la construcción de las nuevas esclusas, que son las que están ahora mismo en entredicho. Según explican fuentes de Sacyr, como en toda obra de esta envergadura, han surgido sobrecostes, que el contratista debe asumir. El consorcio explica en su carta que cumplir con sus requerimientos "supondría la alternativa con menor coste y menor tiempo posible de ejecución" de las obras de ampliación, que empezaron en 2007 y se prevé estén listas en junio de 2015, nueve meses después de lo estipulado en el contrato. El consorcio emitió ayer un comunicado en el que explica que a pesar de que "ha remitido diferentes propuestas específicas, la ACP ha rehusado discutirlas hasta la fecha". Sucesivas reclamaciones El consorcio ha presentado a lo largo del tiempo varias reclamaciones económicas, una de ella en 2012 por 585 millones de dólares (425 millones de euros), según datos de la ACP, con el argumento de que el atraso que sufrió la obra debido al rechazo reiterado por parte de los técnicos del Canal a la mezcla de cemento para usarse en las esclusas, generó sobrecostes. Ese reclamación fue rechazada por la ACP, por lo que el consorcio apeló a la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) prevista en el contrato para dirimir el asunto en segunda instancia, quedando como última posibilidad, si las partes no llegan a un acuerdo, un arbitraje internacional. En diciembre pasado, el GUPC presentó a la ACP otra reclamación, por 850 millones de dólares (616 millones de euros) que, según el contratista "tomará bastante tiempo resolver" debido a su gran complejidad. La Autoridad rechazó ayer de manera "categórica las presiones" del consorcio para negociar "fuera del contrato" sobrecostes. "No importa qué tipo de presión se haga contra la ACP, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que Grupo Unidos por el Canal respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron", indicó un comunicado.