Las entidades tardan 14 meses en encontrar comprador a las casas adjudicadas en subastaQuedarse un piso en subasta es mal negocio para un banco. Al margen del potencial desgaste reputacional asociado al drama de desahuciar a sus propietarios, cada ejecución hipotecaria activa un mecanismo que sobrecarga a las entidades de facturas y costas. Cuando el banco logra, por fin, colocar el inmueble apenas recupera, en muchos casos, un 40 por ciento del importe que le adeudaba el cliente, estima la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (Afes). Con la parálisis del mercado, los bancos tardan 428 días en encontrar comprador al inmueble y, cuando cierran la operación, deben asumir gruesos ajustes en la tasación que sirvió de garantía para conceder la hipoteca. Los precios se han contraído entre un 20 y 65 por ciento desde su pico boom inmobiliario. Un 20% en tasas y recibos Otro impacto, nada desdeñable aunque poco visible, es que durante esos 14 meses que la vivienda permanece enquistada en el balance, la entidad tiene que sufragar los gastos que devenga: comunidad, Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), etc. La factura global en gravámenes y recibos de nueva generación y aquellos impagados por el antiguo propietario, junto a los costes derivados del procedimiento judicial devora entre el 15 y 20 por ciento del valor del piso en condiciones de mercado, cifra el presidente de Afes, Carlos Baños. El embargo se transforma así en un lastre. Afes propone establecer un sistema de mediación que ayude a banco y cliente a consensuar soluciones personalizadas. "El camino tiene que ir por las quitas. Es hora de fijarse en buscar remedios al particular, como han hecho con los promotores", entiende Baños. Las medidas articuladas por el Gobierno para evitar desahucios prescriben refinanciaciones y quitas para aliviar la cuota de amortización y que ayuden al hipotecado a seguir pagando su préstamo, sin arriesgar la vivienda. En su defecto y, como solución extrema, la ley obliga a aceptar la dación en pago o entrega del piso para redimir la deuda. Sin embargo, su alcance es marginal. Los límites de rentas, de valoración del piso y perfil sociofamiliar que deben reunir los beneficiacios excluyen de esta solución a la inmensa mayoría de endeudados. En los 1.600 casos por embargos gestionados desde Afes, cubre a menos del 5 por ciento potencial. 150.000 desahucios En lo que va de crisis han perdido su vivienda 150.000 familias y "podemos acabar 2015 con más de medio millón" de no buscar soluciones, estima la plataforma, que opera en Madrid desde 2009. Teme el rebrote ante el larvado índice de paro y que entre 2009 y 2010 se refinanciaron muchas hipotecas con periodos de carencia de dos o tres años, que al agotarse ahora comienzan a convertir la deuda en una bola de nieve difícil de asumir. Con la crisis ha mudado el perfil de los afectados por desalojos. Hoy un 58 por ciento son españoles, con sueldos medios de 2.500 euros y viviendas valoradas en 230.000 euros. La primera avalancha de desahucios prendió en el colectivo inmigrante, con rentas de 1.000 euros y pisos de 160.000.