T odavía es un conflicto silente, pero de no resolverse podría convertirse en un nuevo frente de litigio por la financiación autonómica. Me estoy refiriendo al cupo y, si no se llega a una solución, corre el riesgo de catalanizarse y de provocar que el nacionalismo se radicalice respecto a su relación con el Estado. Desde hace bastantes años, antes de la llegada del PP al Gobierno, el Ejecutivo vasco reclama ajustes en las liquidaciones de las relaciones financieras con el Estado. Euskadi paga cada año un cupo al Estado para cubrir los gastos que éste realiza por las competencias no transferidas. En base a la Ley de Cupo, el peso de Euskadi en el conjunto del Estado es del 6,24 por ciento, que, a grandes rasgos, es lo que pagamos por cada una de las competencias no transferidas. Pero una cosa es el cupo presupuestado (iniciativa que corresponde unilateral y legalmente al Gobierno central através de los Presupuestos Generales del Estado) y otra es la cantidad real en función de la liquidación de los PGE. Al parecer existen, desde hace años, importantes discrepancias interpretativas entre Madrid y Vitoria sobre la liquidación de esos gastos y, en consecuencia, de esos cupos. En base a esas discrepancias, Euskadi considera que el acumulado que le deben ronda los 1.000 millones, una cifra nada despreciable en la actual coyuntura económica y presupuestaria. El Gobierno vasco se niega a dejar de cobrar y el Gobierno central no tiene el más mínimo interés en hablar del asunto. Esto tiene bloqueada la negociación de la nueva Ley de Cupo, que debería estar vigente entre 2012 y 2016, aunque el soporte legal existe: la prórroga automática del actual. Ahora, Montoro se desmarca en los PGE con un incremento desmesurado del Cupo vasco para 2014, lo eleva nada menos que el 65 por ciento, cuando el PGE es un presupuesto de recortes. Esto provocaría un agujero en las cuentas vascas descomunal. Erkoreka y el PNV han dicho basta: negociemos, porque no vamos a pagarlo.