La Asociación de Pequeños y Medianos Astilleros no pierde la esperanza. Su consejera delegada, Almudena López del Pozo, cree que Almunia está dando a España "un trato absolutamente desigual". La antecesora de Almunia, Neelie Kroes, aseguró que el 'tax lease' español no es discriminatorio. Este régimen empezó a operar en 2002, se hicieron 273 operaciones y hubo muchos elementos que sugirieron de forma pública que además de hacerse conforme a la ley española se hacía de acuerdo con la norma europea. La carta de Kroes es la mejor expresión. Una comisaria europea que ante una pregunta de una ministra de Comercio e Industria le responde que ha investigado el sistema, que no es indiscriminatorio y recomienda no llevar más acciones a cabo es un argumento lo suficientemente sólido. ¿Por qué se realizó esa consulta? Un armador noruego compró un buque y preguntó a un astillero de Pymar en 2009 si el sistema de tax lease es legal. Se le contestó que sí. Ante la duda le pidió a su ministra que investigara, quien le solicitó a Kroes que se pronunciara por el régimen y lo hizo positivamente. El armador construyó el barco tras la respuesta de Bruselas y ahora se le pide a ese mismo empresario que devuelva el dinero. ¿Las primeras denuncias llegan desde Holanda y Dinamarca y coinciden con varios contratos que logran astilleros españoles en la zona? Así es. Esto no es más que una batalla comercial en la que se está usando como mecanismo la política de competencia de la UE. ¿Qué es exactamente 'tax lease'? Un sistema de financiación para la adquisición de buques -ahora mismo, de cualquier otro tipo de activo- y que permite al armador comprar a un precio que puede ser competitivo con respecto a las tarifas de Asia; al astillero, vender ese buque; y al inversor que aporta el capital, obtener una rentabilidad fiscal. Es un sistema similar en todos los países europeos. ¿Cuántos astilleros quebrarían si Bruselas obliga a devolver las bonificaciones fiscales? Existen 19 astilleros y quitando 3 que son de reparaciones el resto viven de ello y su negocio se localiza en un nicho especializado con gran valor tecnológico y en el que el tax lease funciona. Tenemos un sistema nuevo aprobado por Bruselas pero que debido a la incertidumbre que genera la decisión sobre el pasado no se está aplicando, aunque es perfectamente legal porque está definido como no ayuda por el propio Almunia el 20 de noviembre de 2012. Mientras que no se despeje el pasado, los astilleros no podrán contratar y si encima se pide una devolución que tendrán que asumir ellos, el panorama es que acabarán cerrando todos. ¿O sea, el problema es que la medida tenga carácter retroactivo? Claro. Si el borrador que ahora se maneja continúa se pediría la devolución de 2005 a 2012, lo que tendría un impacto de más de 2.000 millones, aunque en número de buques no se puede cuantificar. Desde 2002 hasta 2011 el impacto de los 273 barcos es de 9.000 millones. ¿Cuántos contratos se han podido perder en los dos últimos años? En torno a 50, con un impacto económico de más de 3.000 millones. Ya ha habido suficiente castigo con dos años sin contratar. ¿Si no se pudiera utilizar el nuevo sistema en cuánto se encarecerían los buques? ¿Entre un 25 y un 30%? No quiero dar cifras porque lo único que hace luego es perjudicarnos. Lo único que pasaría es que no se podría competir en igualdad de condiciones con el resto de países.