Pide al fiscal investigar su gestión como gobernadores del Banco de EspañaLa magistrado Susana Trujillano Sánchez, titular del juzgado de instrucción número 7 de Madrid, ha detectado indicios delictivos en la gestión de los dos últimos exgobernadores del Banco de España: Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Jaime Caruana. En un auto, al que ha tenido acceso elEconomista, la jueza apunta ya que "los hechos (...) presentan características que han presumir la posible existencia de una infracción penal", por lo que ha solicitado ya un informe a la fiscalía, que deberá abrir así una investigación al respecto, pero cuyo informe, en cualquier caso, no será vinculante para seguir en marcha con la investigación. La juez Trujillo abrió las diligencias a raíz de una querella presentada por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, la misma organización que denunció también al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, en prisión desde hace ya semana y media por varios delitos societarios, administración desleal y posible apropiación indebida. La querella en este otro caso va dirigida contra Jaime Caruana y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero también contra los exdirectores generales de supervisión durante el mandato de ambos "como cómplices, encubridores y cooperadores necesarios de un delito societario, de administración desleal y autores de un delito de falsedad en documento público y de encubrimiento". Función de supervisión La Ley de Autonomía del Banco de España configura a éste como el ente de la Administración del Estado encargado de promover el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero, además de supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito y los mercados financieros. En la querella presentada por Manos Limpias se recuerda que el nuevo Gobernador de la institución, Luis María Linde, "procedió al nombramiento de una comisión interna ante las irregularidades y malas prácticas en varias cajas de ahorros y analizar los fallos de supervisión que hubiera podido cometerse por no detectarlas a tiempo". La acción legal se ha iniciado después de que un informe al respecto encargado a la Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del Banco de España pusiera de manifiesto "conclusiones demoledoras". De acuerdo con dicho informe, y según se refleja en la querella, "las peticiones de la inspección fueron desatendidas, el Banco de España alteraba las conclusiones de la inspección y la forma habitual de reacción ante los indicios de delito era mirar para otro lado". Las inspecciones En definitiva, según Manos Limpias, "en el trabajo de la inspección del Banco de España aparecen con relativa frecuencia indicios de conductas que pudieran ser delictivas". En su auto, la juez Susana Trujillano asegura, no obstante, que "no estando determinadas la naturaleza y circusntancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir diligencias previas y prácticar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su aso, el procedimiento aplicable". La magistrado quiere aclarar, si tal y como denuncian los inspectores y se asegura en la querella, se ocultó a sabiendas la comisión de delitos por parte de los directivos de las entidades bancarias, en perjuicio no sólo de las sociedades que dirigían, sino también, lógicamente, de sus clientes y de la economía española. Los querellantes reconocen que "verdaderamente es díficil cuantificar el daño causado cuando existe una pluralidad de bienes protegidos", pero insisten en la obligación de una "correcta actuación de la Administración Pública, pues no debemos olvidar que el Banco de España forma parte de la Administración del Estado como ente supervisor de la ley y correcta llevanza de las sociedades mercantiles sin menoscabo patrimonial, y hacia la estabilidad económica y financiera de todo un país". SegúnManos Limpias, en estas circunstancias sólo el devenir de la instrucción podrá definir la cuantía que en virtud de la responsabilidad civil podrá serles exigida a los querellados. Eso a pesar de que, según dicen, "nos tememos que tendrá un carácter simbólico por muy alta que sea la cuantía que se reclame por tal concepto, pues nunca llegará a reparar los bienes jurídicos afectados, y lo que es igualmente importante, la credibildiad de un país".