El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acotado ya el plazo de tiempo en el que la Infanta Cristina pudo haber cometido presuntamente un delito fiscal, pidiendo por ello a Hacienda que se le abra una investigación desde el año 2002. Castro apunta además a la existencia de indicios de los que se desprende que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de la capital levantina, Rita Barberá, han tenido "decisiva e imputable intervención" en las negociaciones previas del evento Valencia Summit, por el que el Instituto Nóos percibió alrededor de tres millones de euros públicos. En un auto, el magistrado propone al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que asuma la competencia para instruir esta parte del caso Nóos.