La dirección demanda la inconstitucionalidad de la expropiación de YPF y por daño moralLos accionistas minoritarios reclaman daños y perjuicios por la expropiación de la petroleraRepsol mantiene una ardua batalla judicial contra YPF en Argentina. El Jefe del Departamento Contencioso del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas argentino, Carlos Gustavo Pistarini, ha desvelado la existencia de un total de once pleitos presentados tanto por la petrolera como por asociaciones de accionistas contra la expropiación de la filial argentina. La petrolera ha abierto una amplia campaña judicial en Buenos Aires para demostrar la inconstitucionalidad de la expropiación de YPF y para ello ha planteado dos pleitos por este motivo desde la matriz y la filial de Butano. Repsol trata de impugnar todas las asambleas de YPF y ha reclamado en dos ocasiones que se declare la inconstitucionalidad de los artículos que justificaron la expropiación de la petrolera. Según los datos a los que tuvo acceso elEconomista, el primer pleito se inició el 18 de mayo de 2012 ante la Cámara Nacional de Apelaciones. La compañía solicitó la suspensión de la convocatoria de la primera asamblea general tras la expropiación. Apenas cinco días después -con una celeridad casi impropia- la Sala desestimó la pretensión de la española. Posteriormente, el 31 de julio de 2012, la petrolera volvió a impugnar otra asamblea, pero esta vez ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia. Desde entonces, la primera señal del juzgado se produjo el pasado 18 de marzo en el que la Cámara Comercial resolvió la competencia del fuero y le notificó un día después a la española. La siguiente intentona del equipo jurídico de Repsol, la encabezó también su filial de Butano. El 21 de agosto presentó ante el Juzgado Nacional número 3 una declaración de nulidad de la Asamblea General Ordinaria y Especial de YPF Gas, celebrada el 6 de julio. Repsol Butano solició medidas cautelares para obtener la suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas y reclamó el nombramiento de un coadministrador y de la anotación de la litis, un extremo que fue aceptado y anotado en los libros de la sociedad. La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas ha presentado también una demanda por daños y perjuicios ante el Juzgado en compañía de Roluja Dri y de Euro Atlas Investments, así como Pedro José Ollero, Juan Ignacio Peinado, Luis Antonio Clemente y Rosario Tierz. Todos ellos reclaman la inconstitucionalidad de los artículos 13 y 14 de la Ley 26.741 y una indemnización derivada de la ocupación temporal de YPF y que conste como tercero a Repsol, al que solicitan que se le dé traslado de dicha demanda. El pasado 13 de marzo, según los datos a los que tuvo acceso este diario, se comunicó a la Procuraduría del Tesoro Nacional el inicio de la demanda que, por el momento, sigue pendiente de notificación. Repsol Butano también se ha personado con una demanda en la que reclamaba la declaración de inconstitucionalidad de los polémicos artículos de la ley, así como cualquier otra norma realizada bajo estos mismos preceptos. La compañía pidió una medida cautelar que fue desestimada y el pasado 9 de abril fue comunicada a la Procuraduría argentina esta demanda. La ejecutiva de Repsol también presentó una reclamación por un total de 1,7 millones de pesos al Estado argentino como compensación por daños morales y derecho al honor, una cifra necesaria para plantear la reclamación. Antonio Gomis, responsable de YPF, reclamó medio millón de pesos y el resto de los denunciantes exigieron 300.000 pesos cada uno como compensación por las presiones ejercidas por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner durante la ocupación de la sede de YPF y por la violación de la intimidad en los registros efectuados en sus domicilios con el presidente de la petrolera, Luis Suárez de Lezo, Miguel Martínez y Federico Mañero. La demanda, que se analiza por la vía del contencioso administrativo, ha recaído en manos del Juzgado Nacional de Primera instancia, que encabeza el Dr. Marinelli, y tendrá que analizar si el registro al que fueron sometidas las viviendas de estos ejecutivos y sus despachos se ajustó a la normativa. Según fuentes consultadas por este diario, el Gobierno argentino ya ha tenido ocasión de contestar la demanda. Tan solo dos días después del anuncio de la expropiación de YPF por parte de la presidenta argentina Cristina Fernández, un supuesto representante de los interventores acudió al apartamento del presidente de Repsol y lo registró de arriba a abajo. La función de ese enviado era entregar una orden notarial de revocación de poderes en el domicilio. Sin embargo, el enviado, al no hallar al presidente-solo se encontraba una empleada doméstica- entró en la vivienda y comenzó a fotografiar su interior y las pertenencias que allí se encontraban. Fuentes de la petrolera española calificaron en su momento este hecho como un "allanamiento de la propiedad privada", ya que no tenía orden judicial alguna para el registro. El presidente de la petrolera denunció la entrada de los interventores estatales en las oficinas de YPF y calificó esos hechos de "vergonzosos", "patéticos", "impropios de un país moderno" y aseguró que se basaban en una "ley del dictador Videla". Los cuatro directivos españoles de los 16 que conformaban el consejo de Repsol volvieron rápidamente a España ante la creciente tensión que se estaba produciendo en Argentina. Por otro lado, el presidentede Repsol, Antonio Brufau, aseguró ante los más de 2.000 participantes que han llenado el Palacio de Congresos de Barcelona en la XVIII Jornada Anual ESADE Alumni, que "lo único que sabemos es que mañana va a ser diferente. Los directivos de hoy tenemos que acostumbrarnos a gestionar en el cambio constante y la incertidumbre. Debemos poner la organización en la tensión del cambio y la transformación. Gestionar con audacia, valentía, optimismo y prudencia para acometer los retos que nos depara el futuro".