El juez Ruz pide un informe a la Udef y cita también como imputados a otros tres consejerosManuel Fernández Sousa aseguró ayer que es "falso que haya un agujero de 3.000 millones"El futuro de Pescanova y sus accionistas ha quedado en manos de la Audiencia Nacional. Pablo Ruz, titular del juzgado de instrucción número 5, ha decidido atender la petición de la Fiscalía e imputar ante los indicios de delito encontrados al presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, y tres de los consejeros de la compañía. Se trata, en concreto, de Alfonso Paz Andrade, que fue además consejero delegado de la empresa; José Alberto Barreras, uno de los hombres de máxima confianza de Sousa y José Antonio Pérez Nievas, representante de Iberfomento, dueño del 3,39 por ciento de la compañía. A tenor del dictamen del Ministerio Fiscal, Ruz ha imputado a Sousa y Paz Andrade por los presuntos delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante. A Barreras y Pérez Nievas, sin embargo, se les acusa sólo de esto último por la venta de acciones llevada a cabo justo antes de la solicitud del preconcurso de acreedores el pasado 1 de marzo. De hecho, hay que tener en cuenta que Pérez Nievas rechazó las cuentas presentadas por Sousa y su plan de reestructuración, exigiendo además su dimisión. El juez ha rechazado, en cambio, citar como imputado a José Carceller, el representante de Damm, a pesar de que la querella presentada por un grupo de accionistas también se dirigía contra él. Carceller, eso sí, deberá comparecer como testigo. Engaño al mercado Lo más grave, en cualquier caso, es que la falsificación de las cuentas no es algo que se haya producido sólo en el último ejercicio. Ruz agrega que las cuentas anuales de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, los folletos informativos y otros informes financieros, que sirvieron para llevar a cabo por ejemplo el año pasado la última ampliación de capital, "no reflejaban la imagen fiel" de la compañía. Prueba de ello, según el juez, es que sólo unos meses después su presidente comunicara a la CNMV su decisión de no formular sus cuentas de 2012 y manifestara sus dudas sobre la propia continuidad de la empresa. De hecho, el auto concreta que entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013 varios analistas financieros recomendaron la inversión en la compañía en base a estos datos falsos. Ante todo ello, el juez ha requerido a KPMG una copia del análisis forense que está realizando, ha pedido a la adminitración concursal (Deloitte) que aporte igualmente una copia de los libros de actas de las juntas y los consejos de administración celebrados desde 2011 hasta ahora y ha reclamado a BDO Auditores todos los informes de Pescanova emitidos entre 2011 y 2013. Y de igual modo ha solicitado un informe a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, a la que reclama también de forma específica que investigue "eventuales cambios significativos operados en el patrimonio de Manuel Fernández de Sosua y de su entorno familiar durante los años 2012 y 2013 que supongan salidas, pérdidas, transformación o transferencias reales o aparentes de activos". El presidente lo niega todo Nada más conocer su imputación, Sousa afirmó en declaraciones a Efeagro que siempre ha actuado "en beneficio e interés de Pescanova, como se acreditará en su momento". Según dijo, "moralmente me siento tranquilo y no temo a la justicia porque lo que he realizado lo ha hecho lo mejor que he sabido, con toda la dedicación posible y con alto sacrificio de mi vida, mi familia y mi patrimonio". Por la mañana, Fernández de Sousa dio una entrevista a la Cadena Sery negó además que hubiera un agujero en las cuentas de la empresa de más de 3.000 millones -"el valor de la compañía es mucho mayor que su pasivo", aseguró- y que hubiera usado información privilegiada. El empresario gallego admitió en un comunicado a la CNMV el pasado 15 de abril que poco antes de presentar el preconcurso de acreedores vendió un 7 por ciento de la compañía -redujo su participación hasta el 7,4 por ciento- sin comunicarlo al supervisor, tal y como establece la Ley del Mercado de Valores. Pero no sólo eso. Además, se lo ocultó también al consejo de administración para mantener la mayoría y seguir contando con cuatro puestos, frente a los dos que le corresponderían. No obstante, Sousa insistió ayer en que si vendió fue porque tenía que atender el pago de créditos personales y quería inyectar dinero en la compañía. "Si yo no hubiera creído en la empresa no hubiera metido dinero y no hubiera conservado lo que tengo, he vendido todo lo que no me quedó más remedio que vender", aseguró.