Rechaza las cuentas, monitorizará la auditoría y prepara un expediente sancionador contra SousaEl primer ejecutivo prestó 9,3 millones a la firma tras embolsarse 32 millones con la venta del 7%El Ministerio de Agricultura y la CNMV están decididos a actuar cuanto antes para evitar una quiebra de Pescanova, que podría llevar incluso a su liquidación, poniendo en peligro 10.000 puestos de trabajo, 1.500 de ellos en España. Según han confirmado a elEconomista fuentes de toda solvencia, se están analizando todos los mecanismos legales posibles para forzar de forma urgente un relevo en el equipo gestor. "En este momento están abiertas todas las posibilidades. Se está analizando una posible intervención, pero también la apertura de un expediente sancionador para inhabilitar al presidente, Manuel Fernández de Sousa, o incluso la intervención de la Fiscalía", aseguran estas fuentes. Acreedores y accionistas temen que el directivo esté llevando a cabo un vaciamiento patrimonial tanto en la matriz como en sus filiales, además de intentar destruir todas las pruebas que le inculparían en posibles delitos societarios. La CNMV emitió ayer un comunicado a las nueve de la noche en el que rechazaba las cuentas remitidas por la empresa al no ajustarse a los estándares de contabilidad exigibles, anunciaba que monitorizará los trabajos de la auditoría forense y advierte de posibles expedientes sancionadores. Expediente De hecho, se podría estar preparando ya uno contra el propio Sousa. El presidente de la pesquera, que admitió el pasado lunes haber ocultado tanto a la CNMV como a su propio consejo la venta de un 7 por ciento con el fin de mantener el control, aseguró ayer que prestó a la empresa 9,3 millones a un tipo de interés del 5 por ciento. Con ello admite un nuevo engaño porque el día anterior había comunicado que la venta se había llevado a cabo única y exclusivamente para ayudar financieramente a la compañía. A la espera de que se conozcan las cuentas reales, la deuda oculta de Pescanova podría ser mucho mayor incluso de lo previsto en un principio. La compañía gallega declaró ante la CNMV un pasivo de 1.500 millones al cierre del tercer trimestre del año y, según publicó ayer La Voz de Galicia, los compromisos financieros reales podrían duplicar con creces esa cifra, hasta 3.100 millones de euros. Fernández de Sousa se ha quedado así completamente aislado al frente de la compañía. Además del Gobierno y de la CNMV, tiene en contra a cinco de los doce consejeros -los representantes de Damm, Luxempart e Iberfomento, que suman un 15 por ciento del capital, además de los independientes Yago Méndez y Antonio Basagoiti- y, por si fuera poco, la banca acreedora ha dicho que sólo se sentará a negociar si cambia el equipo gestor. "Apoyamos a la empresa, pero para sentarse a hablar de refinanciación y posibles líneas adicionales es necesario un equipo directivo estable, no uno que tiene el futuro muy comprometido", explicaron fuentes de las entidades financieras, que se han visto obligadas a provisionar ya el 25 por ciento de la deuda concedida a la firma, tal y como recoge la normativa. Lo peor para Fernández de Sousa es que empieza a resquebrajarse incluso el único apoyo institucional que tenía: el de la Xunta de Galicia. En un primer momento, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo ignoró las irregularidades y se mostró dispuesto a dar ayuda financiera, pero ayer su vicepresidente, Alfonso Rueda, cambió el discurso y reclamó a la empresa "claridad" sobre su situación económica, además de pedir a la CNMV que "actúe lo más ágil posible en el ejercicio de las competencias que le correspondan". Las nóminas, sin garantizar Pescanova tiene ya serios problemas de liquidez y según comunicó la dirección al comité de empresa sólo puede garantizar el pago de las nóminas de abril, pero no más allá. Y por si todo esto fuera poco, en los próximos días podría haber una avalancha de concursos en las filiales, algunos voluntarios, pero otros forzosos. HSBC ha solicitado ya, por ejemplo, el de Pescachile, la filial chilena, que Pescanova trata de vender.