La Xunta de Galicia sigue empeñada en ignorar las presuntas irregularidades contables y engaños a la CNMV por parte de Pescanova -el supervisor se plantea sanciones por infracciones muy graves, tal y como adelantó el pasado sábado elEconomista- y además de ofrecer ayuda económica a la compañía ha salido ahora en defensa de su equipo directivo. Ayer, el consejero de Economía e Industria del Gobierno gallego, Francisco Conde, abogó en este sentido por "dejar trabajar" a la empresa, al tiempo que insistió en que "le consta" la "capacidad de sus directivos para afrontar la situación" en la que se encuentra la firma, que recientemente presentó preconcurso de acreedores. En declaraciones a los medios en Vigo, Conde reconoció que ha habido ya contactos con el gigante pesquero. No obstante, apeló a la "prudencia" y a "dejar trabajar a la empresa, los directivos y el sindicato de bancos", a fin de identificar "cuáles son las necesidades". Preguntado sobre la situación actual, y después de las diferentes comunicaciones enviadas por accionistas a la CNMV tras el último consejo de administración, celebrado la pasada semana, Conde indicó que la Xunta está siguiendo lo que ocurre "con máxima preocupación y sensibilidad" tanto desde el punto de vista empresarial como del de los puestos de trabajo. Así, recordó que la Xunta "estará acompañando este proceso en la medida de sus posibilidades" con vistas a que la compañía finalmente pueda salir del preconcurso. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha abierto ya diligencias para investigar las ayudas autonómica concedidas por el Gobierno de Alberto Núñez Feijoo a Pescanova, cuya cantidad real se desconoce por ahora. Reunión de los acreedores Las principales entidades acreedoras de Pescanova se reunirán, por otro lado, hoy en Madrid con el fin de "avanzar los primeros pasos" para plantear una estrategia común de renegociación de la deuda. Aunque se desconoce todavía el importe total al que podría ascender, los acreedores sospechan que podría situarse entre 2.500 y 3.000 millones de euros, frente a los compromisos financieros por 1.500 millones, reconocidos por el grupo y que figuran en las cuentas auditadas presentadas ante la CNMV.