D esde aquel funesto día del mes de diciembre de 2010 en que el Gobierno socialista lanzara a una inmerecida lapidación a las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria -Corporaciones con 125 años de existencia- mediante una decisión indiscutiblemente subjetiva del entonces Presidente Zapatero, dos circunstancias son evidentes. La primera es que tras el tiempo transcurrido se ha demostrado que esa decisión arbitraria y alocada nada tenía que ver con las cuentas públicas, ni con la "sanidad" de la economía más domestica de las empresas, pues incluso el resto de impuestos directos e indirectos se les han incrementado. La desaparición del denominado recurso cameral permanente que cada pyme y autónomo -un 40% de las empresas estaban exentas- aportaba en función de sus rendimientos (siéndoles deducible) contribuía, en cada demarcación provincial y para el conjunto de esa economía, para realizar múltiples actividades y prestar servicios de indudable interés general. Fue una decisión vil, errónea y contraria a derecho. La segunda evidencia es que las Cámaras siguen siendo fieles al cumpliendo del mandato de la ley que las regula y ordena. Siguen, aún sin tener clarificado el nuevo marco competencial, prestando servicios de carácter público al sector privado, a la sociedad y a la economía en su conjunto. Hace unos días conocíamos los datos de las Ventanillas Únicas Empresariales (VUE) que gestionan las Cámaras desde hace más de diez años. En plena crisis económica a través de estos servicios se han creado 26 empresas y 39 puestos de trabajo al día en 2012. La Red de Ventanillas Únicas de las Cámaras ha creado 92.873 empresas y 139.242 puestos de trabajo desde sus inicios. Por Comunidades Autónomas, es en Canarias dónde más empresas se han creado (27,86%), seguida de la Comunidad de Madrid (14,76%); Castilla y León (12,52%); Comunidad Valenciana (7,95%) y Andalucía (6,20%). Los datos reflejan un buen hacer. Garantía, fidelidad y confianza de un servicio que sin embargo no parece estar sirviendo para que las autoridades, en particular las autonómicas, lo den preferencia, impulse y promueva en debida forma. Es más, Autonomías como Castilla y León han restringido incomprensiblemente -incluso en detrimento del esfuerzo y apoyo que sí realizan el resto de Administraciones que participan en el proyecto (Estatal y Local)- su aportación económica y material para el mantenimiento de un servicio público demandado y que ahora con la ley de unidad de mercado y la anunciada ley de emprendedores debería implementarse como pilar básico de las estrategias para la reactivación económica. Ahí no acaban los servicios públicos que las Cámaras en este tiempo continúan prestando. Junto a la formación, la internacionalización y la propia defensa de los intereses generales de la economía en cada demarcación, las Cámaras han asumido el reciente mandato del legislador poniendo en marcha los servicios de mediación civil y mercantil, que se suman a las tradicionales funciones de arbitraje. La trasposición de la directiva 2008/52, a través de la Ley 5/2012 de mediación civil y mercantil brinda la posibilidad de resolución de conflictos de forma rápida (máximo de 2 meses), confidencial, con plena disponibilidad de las partes del proceso y a bajo coste. Además la mediación como institución que Europa impulsa (sistema más enraizado) como modelo alternativo de solución de disputas favorece el tráfico comercial ya que los litigantes pueden, a pesar de sus diferencias, continuar haciendo negocios juntos. Ese es el objetivo final: que una disputa no elimine oportunidades comerciales. Las Cámaras son instituciones de mediación (El R.D de 1886 de Creación de las Cámaras les encomendó estas funciones, resolviendo como Jurados o promoviendo juicio de amigables componedores), y para ello están destinando motu proprio esfuerzos y medios para que el sistema de mediación civil y mercantil no solo sea, ya, una realidad, sino que sirva a esos intereses superiores de una economía que no puede permitir que sus empresas se enfanguen en dilatados procedimientos judiciales, pues ello descalabra la economía domestica. Ninguna institución, en palabras de García-Legaz - Secretario de Estado de Comercio-, puede ayudar mejor al Gobierno que las Cámaras de Comercio, para ayudar a las pymes y recuperar empresas y así crear nuevo empleo productivo. Certera afirmación que sólo precisa de una indefectible voluntad y compromiso pese a quien pese. Las Cámaras, durante esos dos años pasados, han mostrado su mejor cara. Han demostrado el porqué de su origen -vocación de servicio público-, y a pesar de estar sufriendo una inesperada enfermedad producto de un incorrecto "ensayo clínico" se han mantenido en silencio, sin ataques, sin críticas, ni diatribas, sin arrebatos, con pleno señorío y prestancia cumpliendo el mandato legal como Corporaciones de Derecho Público que son al servicio de todas las empresas (pymes y autónomos) de cada demarcación y de colaboración con las Administraciones. Las Cámaras, parlamento de las empresas de cada zona, organizadas democráticamente cada cuatro años a través de listas abiertas son lo que son y no lo que otros quieren que sean. La anunciada reforma legislativa del actual gobierno se convierte en indispensable, no ya solo en la forma (Real Decreto Ley), sino en el fondo donde la disparidad de funciones y actividades, hasta ahora desarrollada por entes territoriales públicos y agentes privados, deben en este escenario reordenarse dando paso a unas Cámaras con competencias propias y financiación adecuada e inequívoca para que sean, como se quiere, las palancas de las políticas públicas para acelerar la recuperación económica y la salida de la crisis. Así sucede en una Europa continental donde las Cámaras de Comercio no sólo se encuentran asentadas, amparadas, sino que han sido fortalecidas jurídica y económicamente.