Recorta 800 millones al año a las energías verdes y Hacienda le tendrá que prestar 2.200 millones El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas para luchar contra el déficit de tarifa valorado en 3.000 millones de euros, tal y como adelantó ayer elEconomista. El Consejo de Ministros analizó un informe sobre un Anteproyecto de Ley para la concesión de un crédito extraordinario por parte de Hacienda al Ministerio de Industria con el objetivo de financiar los costes de las renovables en 2013, por un importe máximo de 2.200 millones y aprobó un nuevo tijeretazo de 600millones-800 millones de euros anuales, que afectará principalmente a las energías renovables. El crédito de Hacienda, según explicó el Ejecutivo, se integrará en el sistema a medida que sea necesario para financiar los costes de las renovables. El anteproyecto se remitirá al Consejo de Estado en los próximos días para su informe y continuará su tramitación en las Cortes Generales para incorporarse después al cuerpo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013. A esta medida, se añade un real decreto Ley -que sustituye a la orden ministerial de tarifas- que ha supuesto un nuevo golpe en la línea de flotación de las energías verdes, al tiempo que aumenta algunos de los pagos. Los costes del sistema eléctrico han experimentado un incremento constante al tiempo que se ha producido una reducción de los ingresos como consecuencia de la bajada de la demanda derivada de la crisis económica. Moratoria nuclear El real decreto ley, que previsiblemente se publicará hoy en el BOE, incluye incrementos en la retribución que reciben las eléctricas para sus negocios de distribución (310 millones más), la cantidad que recibirá Red Eléctrica por el transporte (185 millones más), el aumento del dinero que se paga por la moratoria nuclear (21 millones) y el aumento del pago a las grandes indus- trias por la interrumpibilidad (284 millones más). El Real Decreto Ley modifica el sistema de retribución de las actividades reguladas y la fórmula que se utiliza para las instalaciones del régimen especial, que permitirá dar estabilidad a la previsión de costes del sistema. La retribución por las actividades reguladas como el transporte, la distribución o el régimen especial (costes extrapeninsulares, energías renovables y cogeneración) se actualizaba tomando como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC). Para evitar que se consideren elementos que no tienen nada que ver, como el incremento del IVA o el de los alimentos no elaborados, en lugar de actualizarlo con el IPC la retribución se reaalizará con el IPC a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. La medida supone un ahorro estimado de unos 337 millones de euros anuales, que según las cuentas de la CNE es creciente hasta los 3.000 millones de euros en un plazo de cinco años. Asimismo, las instalaciones de régimen especial pueden elegir entre dos sistemas retributivos: precio mercado+prima ó tarifa regulada. Generalmente, las instalaciones escogen cada año en qué sistema quieren estar. El real decreto aprobado establece que la retribución de todas las instalaciones de régimen especial se lleve a cabo bajo la fórmula de tarifa regulada, salvo que el titular de la instalación decida percibir solamente el precio de mercado (sin prima), lo que hace además que no se pueda trasladar la tasa a la generación al consumidor. La medida trata de evitar la volatilidad de las estimaciones en los costes y tiene un ahorro estimado de entre 250 millones y 500 millones de euros, dependiendo del precio de mercado. Es decir, entre ambas, 800 millones. En la normativa se prevén también 60 millones por ingresos de facturación de todos los suministro sin derecho a TUR, es decir, por los sobrecargos que se pagan en la electricidad los ayuntamientos por no buscar una tarifa en el libre mercado. Se prevé ingresos de 79 millones por las peajes de las exportaciones y facturar 389 millones por los excesos de potencia. Las medidas aprobadas por Industria suponen un ingresos de 5.571 millones, un total de 2.921 millones por la Ley de Medidas Fiscales, 2.200 millones por el crédito de Hacienda y 450 millones por los ingresos de las subastas de CO2. La norma prevé una nueva retribución para el transporte y la distribución, así como un sistema para poder fijar la retribución del operador del sistema.