Hay una sentencia que obliga al vicepresidente de la CEOE a pagar al organismo Guerra judicial entre Turespaña y Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE y propietario del grupo Cantoblanco. La Administración y el empresario iniciaron un litigio hace más de seis años por una serie de discrepancias en el canon que Cantoblanco tenía que pagar por la explotación de la cafetería del Palacio de Congresos de Madrid entre 2004 y 2007 (ambos incluidos). El juzgado de lo contencioso-administrativo resolvió en su día a favor del organismo que dirige Manuel Butler y le reconoció una deuda de 3,18 millones de euros, pero Arturo Fernández, respaldado por las conclusiones de un abogado del Estado que le daba la razón, recurrió la sentencia. Así, lejos de concluir, el conflicto ha vuelto a los juzgados de lo contencioso-administrativo de la mano del también presidente de la patronal de los empresario madrileños, que ahora le reclama a Turespaña los 3,18 millones de euros que ya ha pagado o avalado hasta la fecha. En el fondo del conflicto se encuentra un alquiler demasiado alto y unas obras que nunca se llegaron a realizar. En 2003, Arturo Grupo Cantoblanco ganó la concesión del servicio de cafetería del Palacio de Congresos, que llevaba explotando desde hacía años. Turespaña le multiplicó por seis el canon mensual que tenía que pagar a cambio de una serie de obras de reforma que iba a realizar en el Palacio de Congresos de Madrid (situado en la Castellana), que nunca llegaron. El empresario reclamó volver al antiguo régimen de alquiler, ya que no se habían hecho ninguna de las mejoras prometidas y estaba perdiendo dinero. Turespaña se negó y decidió llevar ante los juzgados el conflicto. En un primer momento, la justicia dio la razón al organismo público y Arturo Fernández se vio obligado a avalar la deuda en favor de Turespaña, que luego se lo derivó a Hacienda. Por eso el presidente de Cantoblanco va pagando poco a poco el monto y a fecha de hoy debe 2,4 millones de euros. Arturo Fernández consideró injusta la resolución y la recurrió. Su postura fue admitida a trámite por el juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional y ahora se vuelve a poner en marcha un pleito entre el empresario y Turespaña. Si el juzgado estima el recurso y da la razón al vicepresidente de la CEOE, Turespaña tendría que devolverle los 3,18 millones que le reclama en concepto de alquiler y de los que ha pagado 780.000 euros.