Asegura que en el documento de fusión existen herramientas para frenar un recorte exageradoEl Ejecutivo cree que ciertas medidas incumplen el contrato de salvaguardas vigente hasta 2016El Gobierno no aceptará un plan de viabilidad de Iberia a cualquier precio y cree que ciertas medidas anunciadas por la dirección de la aerolínea española incumplen el contrato de salvaguardas, firmado durante la fusión con British Airways y la posterior creación del holding aéreo IAG. Fuentes de la cúpula del Ejecutivo de Mariano Rajoy aseguran a elEconomista que en el documento de fusión existen herramientas para frenar un recorte exagerado que vaya contra los intereses del futuro empresarial de Iberia. El contrato de salvaguardas tiene vigencia hasta 2016 (cinco años después de la fecha de la fusión) y se incluyó con la intención de "proteger los intereses específicos de British Airways e Iberia y sus respectivos accionistas", según recoge literalmente el documento. En concreto, y a juicio del Gobierno, existen varias salvaguardas a las que podría afectar este plan de viabilidad si se desarrollara en su escenario más agresivo. Así, el contrato de salvaguardas exige "satisfacer las necesidades de los clientes y atender los flujos de tráfico naturales". Tanto el Ministerio de Industria como el de Fomento han sido bastante críticos en este terreno, ya que consideran que aunque Iberia necesita realizar un recorte de capacidad no puede renunciar a rutas estratégicas en el mercado latinoamericano. Dentro del plan de viabilidad anunciado por Iberia se cancelan los destinos de Santo Domingo y La Habana, mientras que Montevideo y San Juan de Puerto Rico dejan de ser vuelos directos. Esta decisión ha molestado bastante al Ejecutivo, que considera las relaciones comerciales y culturales con Latinoamérica esenciales. En concreto, el ministro de Industria, José Manuel Soria, calificó de "inaceptable" el cierre de rutas de Iberia. Proteger los 'slots' El contrato de salvaguardas también hace una mención especial a que tanto British Airways como Iberia deben adoptar todas las medidas posibles "para proteger sus slots y derechos a operar destinos internacionales". El acuerdo añade que "de preverse que una decisión económica de cancelar un determinado servicio podría dar lugar a la pérdida total o parcial de una autorización y/o derecho de explotación de una ruta internacional, todas las partes implicadas realizarán los esfuerzos razonables para salvaguardar los derechos y autorizaciones pertinentes". El contrato de salvaguardas también incluye una mención especial a que debe existir un desarrollo a largo plazo equilibrado de las redes atendidas desde Heathrow y Barajas. Incluso se reconoce que las actuales limitaciones del aeropuerto londinense implican "la existencia de una mayor capacidad de crecimiento en Madrid-Barajas". Para el Gobierno esta filosofía de potenciar Barajas es diametralmente opuesta al Plan de Transformación presentado por Iberia, ya que las medidas anunciadas por Sánchez-Lozano suponen una reducción de la capacidad total en un 15 por ciento, a través del recorte de la flota actual en 25 aviones: cinco de largo radio y 20 de corto radio. Mecanismos de bloqueo Si se confirma que algunas medidas del plan de viabilidad no cumplen determinadas salvaguardas, existen mecanismos -a juicio del Ejecutivo- para bloquearlo. El documento de fusión explica que cualquier consejero de IAG, Iberia Operadora o British Airways que considere que no se cumple el compromiso de salvaguardas en alguno aspecto podría notificarlo en tiempo y forma. Si en 14 días no ha sido resuelto el problema por el presidente de IAG, los consejeros delegados de IAG, British Airways e Iberia Operadora y el consejero que se haya quejado formarán una Comisión de salvaguardas convocada por el secretario del holding. Este organismo independiente estará formado en el caso de que el asunto sólo se refiera a Iberia por un miembro nombrado por los consejeros de IAG, otro por la Sociedad de Nacionalidad Española y un tercero elegido por ambos. Este último no podrá tener nacionalidad ni británica ni española. Y es aquí donde el Estado español tiene un papel relevante, ya que la Sociedad de Nacionalidad Española (que controla el 50,1 por ciento de los derechos políticos de Iberia holding) está participada en un 87 por ciento por Bankia (un banco en manos del Estado) y en un 13 por ciento por El Corte Inglés. Bankia es el primer accionista de IAG, con el 12 por ciento del capital y tiene representación en su consejo a través de José Manuel Fernández-Norniella y Manuel Lagares, que sustituyó por cooptación a Rodrigo Rato. La Sociedad de Nacionalidad Española tiene además la potestad de nombrar tres miembros del consejo de Iberia Operadora, que en su origen fueron Javier Gómez-Navarro, José Manuel Serra y Jorge Pont Sánchez. Acuerdos bilaterales Ambas aerolíneas también conservan en el acuerdo de fusión las denominadas Estructuras de Nacionalidad con el objetivo de asegurar la mayoría de los derechos políticos de cara a preservar los derechos de tráfico existentes y los permisos de vuelo, que se suelen negociar siempre entre naciones a través de acuerdos bilaterales. En este caso, también se garantiza hasta cinco años después de la fusión que el 50,1 por ciento de los derechos políticos y del capital social de Iberia corresponda a accionistas españoles.