El Gobierno y el PSOE priorizarán a las familias con hijos frente a los desajolosLa banca va a enseñar todas sus actuaciones para evitar desalojos. El Ministerio de Economía solicitó el martes a las entidades un informe comprensivo sobre las medidas adoptadas para dar facilidades de pago a las familias en apuros antes de proceder al embargo, con el encargo de enviárselo hoy mismo. Es una de las actuaciones emprendidas por el Gobierno, que ayer acordó con el PSOE negociar con urgencia soluciones paliativas y preventivas para abordar un problema convertido en drama social. Antes de abordar soluciones, toca calibrar el problema y es que no hay datos ni siquiera aproximativos. Los únicos son los compilados por el Consejo General del Poder Judicial, que cifra en 373.000 los embargos judiciales desde el inicio de la crisis en 2008. Pero esa estadística no diferencia cuáles son desalojos de empresas, parkings y cualquier otra propiedad, desahucios de viviendas habitadas en régimen de alquiler ni cifra cuántos son familias que pierden su casa y son el verdadero problema a resolver. La banca defiende que pone todos los remedios a su alcance para que el cliente no deje de pagar el préstamo porque lo último que quiere es quedarse un piso que luego, además, tendrá que vender. Los datos reclamados por Economía deberían poner negro sobre blanco la situación. Las entidades deberán desnudar su política detallando desde las refinanciaciones, reestructuraciones de deuda o "gracias" otorgadas para facilitar el abono de las cuotas -reducción de tipos, plazos de carencias- o daciones en pago, hasta los desahucios finales y las familias que continúan en el piso en régimen de alquiler tras el embargo. La labor es tediosa y difícil porque nunca se han compendiado tales datos y ni siquiera hay una plantilla que ayude a sistematizar el proceso o homogeneizar la comparativa. Pero les apremian. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, acordaron ayer alcanzar soluciones "paliativas" y "preventivas" de forma urgente. Para diseñar los detalles técnicos se reunirán el lunes seis expertos -tres de cada parte-, y las medidas serán tramitadas a través de un decreto-ley o ley por la vía de urgencia. Las vicepresidentas acordaron también dar atención prioritaria a las familias en situación más vulnerable -con hijos o mayores a su cargo- y estudiar soluciones para aquellos que ya han perdido su vivienda. Los jueces decanos, mientras tanto, se muestran impacientes porque se acabe con la situación que viven los juzgados. Así, en su reciente reunión de Barcelona, los jueces decanos de toda España han decidido alinearse con las tesis del informe elaborado por seis jueces e inadmitido por la Cúpula Judicial. Según explica el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, "abogamos por la a posibilidad de que el juez amplíe plazos para pagar las deudas y que pueda tener en cuenta las circunstancias personales, familiares y laborales de los deudores, habilitándose la dación en pago en las circunstancias más extremas". También demandan la elevación del mínimo del 60 por ciento sobre el valor de tasación por el que los bancos se adjudican los inmuebles tras la tercera subasta y la desaparición de la subasta notarial.