El Gobierno encarece los despidos de mayores de 50 y plantea compatibilizar pensión y empleoEl Gobierno dejará de costear los despidos a todas aquellas empresas de más de 100 empleados y dos años de beneficios que presenten un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre al menos 50 personas, entre las que se incluyan a uno o más trabajadores de 50 años. Es decir: serán los empresarios quienes tendrán que hacerse cargo del pago de la prestación por desempleo de las personas que salgan de su plantilla. Así lo anunció ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, al término del Consejo de Ministros, presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Según Báñez, el objetivo de esta medida -ya contemplada en la reforma laboral y que hasta la presente sólo obligaba a las compañías de más de 500 trabajadores- "no es que las empresas no lleven a cabo estos ajustes, sino que no sea el sector público el responsable de las aportaciones". La medida tiene un efecto retroactivo, ya que alcanza a los ERE que se inicien o que hayan comenzado desde el 27 de abril de 2011, y con ella se pretende poner coto a la sangría económica que para las arcas públicas supone el abono de la prestación por desempleo a los mayores de 50 años. La razón: la mayoría de ellos se convierten en parados de larga duración -cuando no en perceptores perpetuos de una renta mínima hasta el momento de su jubilación- y un gran número de los mayores despedidos en ERE acaban entroncando la prestación por desempleo y los subsidios con la jubilación. Al mismo tiempo que encareció el despido, el Consejo de Ministros estableció ayer que el Tesoro devolverá a las empresas las cuantías aportadas que correspondan a los trabajadores despedidos si éstos, en el plazo de seis meses, hallan un nuevo empleo. La reacción a este anuncio gubernamental no se hizo esperar, y el segundo mayor sindicato español por afiliación, UGT, consideró la medida "puramente estética e hipócrita". Según dijo la central en un comunicado, la nueva disposición "no oculta, ni compensa, otras normativas del Ejecutivo que facilitan el despido: la reforma laboral o la eliminación de la autorización administrativa en los ERE". Por otra parte, también ayer, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, llevó al Consejo de Ministros un informe en el que se plantea que un trabajador pueda simultanear -al menos de forma temporal- el cobro del 40-60 por ciento de la pensión con un empleo, ya sea éste por cuenta propia o ajena. Tal como detalló la titular de Empleo en la rueda de prensa posterior al Consejo, esta fórmula "permitiría cumplir con la recomendación de la Unión Europea de extender la vida activa de los trabajadores y acercar la edad real de jubilación a la legal". Según Báñez, hasta 900.000 trabajadores alemanes se han acogido ya a esta fórmula, mientras que en España los inconvenientes hacen que tan sólo los autónomos con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) recurran a ella. Coto a la jubilación anticipada Báñez recalcó además que su departamento trabaja para endurecer el acceso a la jubilación parcial y anticipada, de modo que no suponga un alto coste para las arcas de la Seguridad Social, además de acercar la edad real de jubilación, que se sitúa en los 63,5 años, a la legal de 65 años. El informe presentado ayer también prevé abrir un debate sobre la edad de acceso a la jubilación anticipada y el establecimiento de coeficientes de reducción de la pensión en el caso de la parcial, así como sobre los periodos de cotización previos requeridos para acogerse a estas modalidades. La meta final del Gobierno con estas actuaciones no es otra que acabar con lo que la ministra tachó de casos "abusivos" en la jubilación parcial. Para combatirla, Báñez indicó que en el Pacto de Toledo "se van a debatir alternativas" operando sobre la edad de acceso a la jubilación anticipada, el periodo mínimo de cotización requerido -que se sitúa en 33 años- y los coeficientes reductores, de forma que evolucionen de forma similar con los cambios introducidos en la reforma de las pensiones para el acceso a la pensión ordinaria. Para la jubilación parcial, que exige un periodo de cotización previo de 30 años, frente a los 33 de la ordinaria, Báñez ha destacado que ni siquiera se contemplan coeficientes reductores.