El polémico empresario queda en libertad provisional tras insultar a la magistrado de Palma y negarse a declararFiel a su estilo más esperpéntico, el polémico empresario José María Ruiz-Mateos cumplió ayer con el guión previsto. Conducido hasta el juzgado por la policía, se negó a declarar ante la magistrado María Pascual, que le ha imputado por una presunta estafa en la compra de un hotel, pero no escatimó en insultos hacia ella, ni en el tribunal ni después, ante los medios de comunicación. "Me estoy muriendo por culpa de la jueza... mala mujer. Es un bicho, una criminal, el más malo de los demonios. A partir de ahora, con todo lo que me ha pasado, ya me da igual morirme", aseguró. Ruiz Mateos, de 81 años de edad, fue detenido el martes por segunda vez en apenas una semana y traslado a la capital de Baleares para que compareciera ante la jueza, después de que no se presentara a varias citas anteriores alegando motivos de salud que la magistrada consideró que no estaban suficientemente fundamentados. Tras permanecer apenas cinco minutos en la sala, la jueza confirmó su imputación por estafa, alzamiento de bienes y delito societario, aunque sin fijar todavía fecha para el juicio oral. La instrucción del caso está en cualquier caso muy avanzada y, según fuentes jurídicas próximas al proceso, la magitrado cuenta ya con pruebas más que suficientes para condenar no sólo al excéntrico fundador de Rumasa sino también a sus seis hijos varones, que también están imputados. Los Ruiz-Mateos se enfrentan a una querella presentada por el grupo Miralles después de que la familia dejara sin pagar los casi 14 millones que acordaron por la compra del hotel Eurocalas. Miralles tuvo que ampliar después la querella al descubrir que los Ruiz-Mateos habían hipotecado el establecimiento y hallar indicios de que la sociedad que avaló la operación incurrió en un alzamiento de bienes por vender un hotel en Torremolinos a Clesa, otra sociedad del grupo, para obstaculizar así su posible embargo. Todo ello hacía inviable la cláusula resolutoria del contrato en caso de impago. Se trata de una práctica habitual en los últimos años en Nueva Rumasa, según se ha ido descubriendo después. Adquirían propiedades que luego no pagaban y usaban sociedades interpuestas tanto en España como en el extranjero para evitar su posible embargo.