Su plan contemplaba ayudas públicas de 6.000 millones, cuatro veces inferiores a las actualesEl expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, acudió ayer al Congreso de los Diputados para defenderse de su gestión al frente de la entidad. Llegó arropado por distintos líderes del PP, como el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso. El banquero alegó que todas sus decisiones estaban respaldadas tanto por el Banco de España como por el auditor Deloitte, que valida las cuentas del 80 por ciento del sistema financiero español. "Como cualquier empresa regulada, todos los pasos son negociados y pactados con los supervisores", remarcó. En su primera exposición, hizo el relato de los acontecimientos desde que accedió a la presidencia de Caja Madrid a principios de 2010 hasta su dimisión de Bankia el pasado 7 de mayo. Después respondió a las preguntas. En ese periodo de tiempo, Rato aseguró que su trabajo consistió en "resolver problemas" con esfuerzo en "el peor de los escenarios económicos posibles" y con los "medios disponibles". ¿Qué problemas? La gestión de los créditos inmobiliarios concedidos con anterioridad a su llegada, como los de Miguel Blesa en Caja Madrid, y las cuatro reformas normativas de endurecimiento de capital y provisiones para hacer frente al deterioro de la economía. En los dos años y cinco meses, Rato llevó a cabo la mayor fusión del sector, con Bancaja y otras cinco entidades, que conformaron BFA, matriz de Bankia, y la salida a bolsa de ésta última en medio de la tormenta perfecta. El ex presidente indicó que todas las decisiones, incluidas estas dos operaciones, fueron respaldadas por el Banco de España y por el auditor Deloitte. Es más, en la integración, fue el Banco de España quien le animó, que no obligó, a incluir a Bancaja en el grupo que proyectaba a mediados de 2010. "Nadie me ha forzado a fusionar nada con nadie", subrayó. Cita de urgencia Explicó que el 2 de junio de ese año, el entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le citó con urgencia para una reunión. En ella, a la que asistió también el presidente de la entidad valencia, José Luis Olivas, Ordóñez le pidió la unión de ambas cajas. A partir de ahí, según su relato, se inició el proceso de negociación para establecer los términos de la operación. Para ello se contrató a Deloitte y AFI. Todos ellos validaron los números y los estados contables que fijaron, entre otros asuntos, el reparto de poder y los saneamientos. Además de estos expertos, el Banco de España remitió a todas las cajas integrantes del grupo las conclusiones de la inspección llevada a cabo en los dieciocho meses anteriores, en la que se ratificaban los saneamientos, que poco diferían de las cifras aportadas por las consultoras. La entidad, para su creación, pidió ayudas por 4.465 millones. "Teníamos el respaldo y la seguridad de todos para afrontar la fusión, que además era atractiva por las sinergías de costes que generaría en los siguientes", dijo. Incluso, a finales de ese ejercicio, Bankia encargó otro informe tras percibir un deterioro mayor de la economía. El elegido fue PwC -compañía en la que trabajada el ministro de Economía actual, Luis de Guindos-. Esta consultora determinó unos saneamientos extras de 11.500 millones. El Banco de España los rebajó a 9.200 millones al considerarlos excesivos. Colocación bursátil Después llegó el decreto de Salgado de reforzamiento, por lo que BFA creó Bankia para recapitalizarse, y que pudiera salir a bolsa para conseguir no sólo los 1.500 millones necesarios, sino más de 3.000 millones que aconsejó el regulador. La salida a bolsa estuvo validada por Deloitte, además de por los bancos asesores y colocadores. La auditora, en su informe semestral, del 28 de julio, días después del debut bursátil, no alertó de ningún riesgo. A pesar del entorno la entidad pudo salir a bolsa. "Las autoridades nos transmitieron la preocupación por si se aplazaba", indicó. Y nosotros seguimos adelante para "cumplir con la normativa", que nos exigía más capital. A finales del año pasado continuó el deterioro y empezamos a discutir con Deloitte algunas cuestiones relativas a la contabilización de los créditos fiscales y la valoración de Bankia en BFA. Tanto esta negociación como el primer decreto del nuevo Gobierno de 2012 estaban contempladas en el plan que aprobó en abril de 2011 el Banco de España -dijo- que se elaboró en colaboración con el auditor. Un mes antes el consejo de administración, explicó, aprobó las cuentas de 2011, con unos criterios de valoración y a falta del cumplimiento del plan. El empeoramiento de la situación en abril llevó al diseño de un nuevo proyecto, que presentó al Banco de España y a Economía el 4 de mayo, tres días antes de su dimisión. La idea era solicitar ayudas por 7.000 millones y devolver antes de finales de año 5.500 millones. Por tanto, en diciembre las ayudas públicas ascenderían a 6.000 millones, cuatro veces menos que las reclamadas por el actual equipo gestor. Este plan, indicó, no fue aprobado. "Entonces, presenté mi dimisión. Creía en mi plan y no quería ser un obstáculo para la entidad, no quería elaborar otro", sostuvo. Tras su marcha se nombró presidente a José Ignacio Goirigolzarri, que puso en marcha otra hoja de ruta, y la entidad fue nacionalizada. Además, el auditor firmó las cuentas tras una reformulación, por la que se pasó de unas ganancias de 306 millones a unas pérdidas de más de 3.000 millones. "En este cambio no hay agujero, sino otros criterios de valoración sobre expectativas futuras, que nada tienen que ver con el estado a cierre de 2011", remarcó.