El Gobierno hará perfiles de consumidores para fijar el exceso de gastoEl Gobierno ha atendido a una petición de las eléctricas al aprobar que se incluya un recargo en el recibo de la luz para penalizar el exceso de consumo o derroche, tal como aparece en el Boletín Oficial del Estado del sábado, tras dar luz verde en el Consejo de Ministros a las primeras medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. En concreto, el Ministerio de Industria se encargará de hacer perfiles de consumidores, de tal forma que se fijarán tarifas progresivas en función del consumo para pagar los costes regulados. Esta progresividad no afectará a los consumidores vulnerables, que podrían disponer de esta forma de algún tipo de protección en caso de que, como establece la norma, el bono social desaparezca en 2013. Previsiblemente, el departamento que dirige José Manuel Soria solicitará a la Comisión Nacional de la Energía que impulse una propuesta sobre estos perfiles de consumidores. La figura de consumidor vulnerable aún no cuenta con desarrollo normativo, pero viene a sustituir al bono social del que actualmente se pueden beneficiar familias con rentas mínimas o con todos sus miembros en paro. La creación de un recargo que penalice el derroche es una petición tradicional de las eléctricas. Se trata de lanzar señales al cliente del consumo responsable y es una medida que ya existía anteriormente, pero se retiró finalmente de la Tarifa de Último Recurso. En el pasado Consejo de Ministros el Gobierno también aprovechó para incluir otras medidas del sector eléctrico, de cara a acabar con el déficit de tarifa de 24.000 millones. En concreto, el Gobierno ha recortado en casi 100 millones de euros la partida del mencionado bono social, lo que supone reducir en una tercera parte esta partida. Además, el BOE especifica que deben ser los consumidores quienes deban hacer frente al bono social. Anteriormente asumían este coste las cinco grandes eléctricas en España, pero una sentencia del Tribunal Supremo consideró discriminatorio que estas empresas y no otras tuvieran que financiar el bono social.