Ricardo Fornesa podrá seguir en La Caixa hasta 2009Barcelona. El consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, expuso ayer ante la Comisión Delegada del gobierno autonómico los cambios que pretende hacer en la ley de cajas catalana. Las modificaciones más importantes se refieren a la figura de los presidentes que a partir de ahora podrán estar en nómina de las cajas y que además verán reforzadas sus funciones frente al director general.Según Castells, que en su día criticó el intervencionismo de CiU y PP en este área, se trata sólo de "retoques para consolidar el modelo de cajas actual o, en todo caso, mejorarlo". Sin embargo, estos retoques culminarán el próximo mes de noviembre en una nueva ley de cajas catalanas.Otro de los cambios transcendentes dentro de la ley será la adaptación de los mandatos presidenciales a lo establecido en la ley de cajas española, de forma que los presidentes podrán estar en el cargo durante tres mandatos de cuatro años o dos de seis años. Este cambio abre la puerta a que el presidente de La Caixa, Ricardo Fornesa, alargue su mandato dos años, hasta 2009.Más peso presidencialLa figura del presidente ganará peso dentro de las estructuras de las cajas. Las entidades podrán decidir, vía estatutos, pagar un sueldo a su presidente. Además , la ley prevé que se especifiquen mejor las tareas del presidente para reforzar sus funciones corporativas y las del consejo de administración. Hasta ahora, al menos sobre el papel, el director general tiene todo el poder ejecutivo.La nueva ley también propondrá la adaptación de las cajas a las normas aceptadas de responsabilidad social corporativa y buen gobierno. En este área, la ley determinará que todos los altos cargos deberán constar en el registro de altos cargos, no solo los del consejo de administración y comisión de control. En cuanto a las dietas de consejeros y vocales, deberán ser fijadas por los órganos de gobierno de las cajas en vez de por la Generalitat, como ocurre en la actualidad.En el campo de la obra social, el objetivo es lograr la vinculación inequívoca de las fundaciones a la gestión de la obra social de las cajas. También se determinará la fijación vía ley de un "equilibrio" entre los resultados de las entidades y su obra social, un aspecto que ahora establecen los estatutos de cada entidad.Finalmente, la propuesta establece que las entidades con representación en las cajas deberán no sólo estar enraizadas en el territorio sino que están obligadas a tener una cierta representatividad económica y social.La propuesta de Antoni Castells debe pasar ahora una comisión técnica, un tramite de audiencia del sector, ser aprobada por el consejo ejecutivo y pasar el tramite parlamentario.