La Comisión prevé denunciar el decreto de la CNE a finales de abril o en mayoESTRASBURGO. Tal y como se preveía, la Comisión Europea abrió ayer fuego contra España en la batalla que mantiene contra las medidas proteccionistas que los Estados miembros han adoptado para blindar sus sectores del gas y la electricidad y que tienen en nuestro país y en Francia a sus más significados exponentes. El primer aldabonazo de Bruselas contra el Gobierno es la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la conocida como "ley Rato", adoptada en 1999 por el entonces ministro de Economía y actual director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, para frenar la entrada del gigante estatal francés, EdF en el mercado español. Bruselas argumenta que esta ley impone restricciones "injustificadas" a la libre circulación de capitales que vulnera el Tratado. La segunda acción es el decreto-ley aprobado por el que se le amplían las competencias a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y que, aunque en la reunión de ayer el colegio de comisarios no decidió elevarla al Tribunal europeo, permanece en el punto de mira del comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, que la denunciará, según fuentes del Ejecutivo de Bruselas, a finales de abril o primeros de mayo.La CE también decidió ayer expedientar a 17 países de la Unión, entre ellos España, por no abrir de manera adecuada el paquete energético de gas y electricidad.En el caso de España, Bruselas le abre dos procedimientos de infracción, que tienen su origen en la presentación de denuncias por parte de empresas que se han visto perjudicadas por la legislación española, aunque la CE no ha querido desvelar sus identidades por "motivos de confidencialidad".Respecto del mercado eléctrico, el expediente contra el Gobierno se refiere a la existencia de precios regulados que bloquean la entrada de nuevas empresas en el mercado. Por lo que se refiere al gas, Bruselas censura la separación legal insuficiente entre las redes de distribución y los proveedores de gas, que también dificulta el libre acceso de competidores. Además, la CE mantiene sus denuncias contra España y Luxemburgo ante el Tribunal de Justicia de la UE, presentadas el año pasado, por no comunicar las medidas nacionales.