La Asociación de Consultoría cree que hay derroche y que es el momento de la reformaManuel Pimentel, presidente de la Asociación Española de Consultoría y ex ministro de Trabajo, considera que este es el momento histórico para realizar una reforma estructural de la Administración que la haga más eficiente y transparente para proporcionar la máxima calidad al menor coste posible. Según el último informe de esta patronal, España debería reducir las cargas administrativas un 30 por ciento, lo que significa 15.000 millones de euros en 2012, para ponerse al nivel del resto de países de la Unión Europea. Pimentel explicó que en Europa estos costes suponen un 3,5 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto), mientras que en España la cifra aumenta hasta el 4,6 por ciento del PIB. De estos datos se deduce que nuestra administración tiene un gran trabajo que realizar en el ámbito del ahorro. Como solución al problema y para reducir estos costes la asociación de consultores presentó ayer el "Informe de Administraciones Públicas 2012", en el que proponen una profunda reforma que consideran "urgente" ya que España ha perdido 14 puestos en el ranking de desarrollo de la administración electrónica en los últimos dos años. Según Pimentel, en el diseño de la administración del siglo XXI hay que llevar a cabo una incorporación masiva de nuevas tecnologías que la llevarán hacia la eficiencia y la transparencia. De hecho, si una persona realiza un trámite administrativo a través de Internet, está ahorrando un 93 por ciento de los costes. Colaboración público-privada Dese la asociación han querido destacar que ellos sólo realizan una propuesta, "nosotros estamos dando un primer paso, pero son los poderes políticos los que deben llevar a cabo una actuación inteligente que contemple medidas a medio y largo plazo". "Las medidas a corto plazo lo único que hacen es ir trasladando la ineficiencia, esto es algo que ya empieza a ser evidente", asegura Pimentel. En este sentido, proponen que para realizar la reforma habrá que analizar temas como las redundancias, las distintas competencias y también la colaboración público privada, además de adoptar prácticas que actualmente llevan a cabo las empresas del sector privado. Respecto a este tema, Pimentel ha reseñado que "cada sector se encargaría de hacer lo que mejor sabe, el privado ofrecería el servicio y el público se encargaría de supervisar su gestión". Los consultores creen que esta reforma necesitará un gran consenso político, ya que "el ámbito de una legislatura se queda corto", pero lo que tienen claro es que este es el momento idóneo.