Más de la mitad de países de la UE reinvindican el interés nacional en privatizaciones y operaciones La mayoría de países de la Unión Europea protegen a través de diferentes mecanismos a sus empresas estratégicas, sobre todo a las del sector energético, en una década donde el encarecimiento de las materias primas han tambaleado los cimientos de la economía mundial. Así, las principales locomotoras económicas de Europa han limitado la compra de sus empresas, como es el caso de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Holanda y Austria. Y todo ello a pesar de la constante vigilancia de la Comisión Europea, que tiene más de una treintena de causas abiertas a diversos Estados miembros en los últimos años alegando que estos mecanismos contravienen la libre circulación de capitales. Sin embargo, la lectura de los países es bien diferente, más aún si se tiene en cuenta la importancia que han cobrado estas empresas para garantizar la seguridad y calidad del suministro. Uno de los métodos más utilizados es la denominada golden share o instrumentos similares, una medida con la que también contó España en su día y que ahora el Gobierno quiere recuperar de una manera más modesta. Este mecanismo garantiza el derecho de veto en modificaciones estatutarias u otras cuestiones siempre que estén debidamente especificadas en los estatutos y casi siempre invocando el interés general a la hora de defender compañías estratégicas. Y los casos de proteccionismo llegan a todos los extremos, incluso hasta aquellos países que enarbolan la bandera del liberalismo de mercado. Así, Alemania, que criticó los obstáculos del Gobierno español a E.ON en su intento de hacerse con Endesa, cuenta con instrumentos indirectos para evitar la adquisiciones tras la fusión de 2002 entre E.ON y Ruhrgas. En concreto, la compañía germana esta obligada a vender a un tercero la totalidad de sus acciones en Ruhrgas cuando sea objeto de una operación y el comprador suscite fundadas razones para temer por los intereses de la política energética. Además, la mayoría de los 1.700 operadores de red (gas y electricidad) de Alemania son propiedad de las autoridades públicas como los ayuntamientos, las comunidades locales, etc. En el caso de Francia, las restricciones van más allá de mecanismos indirectos y de formalismos porque, tal como están planteados los estatutos de sus gigantes energéticos, es imposible adquirir alguno de ellos. Así, el Estado galo no puede tener una participación por debajo del 70 por ciento en EDF y GdF Suez. Además, un inversor extranjero ha de tener una autorización especial para adquirir un activo o una compañía en Francia si dicho activo está encuadrado en una lista de sectores determinados, entre ellos el nuclear. Por último, la red de transporte es propiedad de RTE, que es a su vez una filial de EDF. El mismo caso se da en Italia, donde las limitaciones a la entrada de empresas extrajeras son muy numerosas. El Estado italiano posee el 30,3 por ciento de ENI y el 31 por ciento de Enel, mientras que el Municipio de Brescia detenta una participación del 69,2 por ciento de ASM Group y el Ayuntamiento de Milán del 43,26 por ciento de AEM. También se han introducido determinadas restricciones en relación con la privatización de algunas empresas de titularidad estatal en el sector de los servicios públicos, incluyendo el de la energía. Hay que recordar que a través de la norma de golden share en la Ley 332/1994, el Estado italiano se otorgó poderes especiales en las empresas privatizadas, independientemente de su participación actual. El poder en las privatizaciones Portugal ha tenido golden share en Portugal Telecom, Galp y EDP. El Gobierno luso se ha obligado a privatizar EDP en el marco de recortes marcados por el Plan de Rescate de la Comisión Europea. Finalmente, China Three Gorges se hizo con este activo, a pesar del interés de la alemana E.ON, pero el Gobierno era más favorable a un socio financiero. En Reino Unido, pese a que el mercado energético se encuentra bastante abierto a la competencia, ha derrocado hace poco la golden share, y además a nadie se le escapa las serias dificultades que el Gobierno británico puso a Ferrovial en la compra del aeropuerto londinense de Gatwick (gestionado entonces por BAA). También cabe recordar que Reino Unido empleó la acción de oro en la privatización de una veintena de empresas públicas del calado de Rolls-Royce, British Energy, British Airport Authorities, British Gas o National Power. El control de las empresas En Austria existen limitaciones a las adquisiciones por empresas extranjeras en el sector energético en la medida que las compañías eléctricas más importantes de Austria están controladas por el Estado. El Artículo 2 de la Ley sobre la Propiedad de las Industrias de Electricidad de 1998 requiere que la mayoría de las acciones de las compañías más grandes deben ser propiedad de las autoridades administrativas federales o regionales. Por su parte, el Estado federal de Bélgica puede revocar la autorización del operador nacional de la red de transporte en caso de que se produzca un cambio significativo de accionistas. En caso de cambio de control del generador de electricidad, la autoridad nacional puede imponer la renovación de la autorización para la generación y por lo que respecta a la distribución de gas y de electricidad, la participación del sector público no debe caer por debajo del 51 por ciento del capital en la región de Valonia. En cuanto a Holanda, cualquier cambio en la titularidad de una red de gas o electricidad o en el accionariado de una empresa de red requiere la autorización del Ministro de Asuntos Exteriores, lo que tiene efectos similares a la golden share. Irlanda, por ejemplo, se reservó el empleo de normas especiales en Irish Life, Greencore y Telecom Eiream. Dinamarca impuso derechos para Teledanmark y Copenhagen Airport. Por su parte, Suecia hizo lo propio en la privatización de Celsius Industrier y Finlandia utilizó el mismo sistema con la gasista Gasum.