La entidad celebra hoy la asamblea que ratificará a la nueva directiva de la cajamadrid. Arranca una nueva etapa en Caixa Penedés, pero antes hay que poner un punto y aparte a la anterior gestión. Después de que fuesen destituidos el expresidente Ricard Pagés, y el exdirector general, Manuel Troyano, ahora éste último acaba de recibir la carta de despido al comprobarse que presuntamente concedió créditos irregulares. Según explicaron fuentes conocedoras del proceso, quien fuera número dos de la entidad habría concedido préstamos por un importe del entorno de los dos millones de euros a una empresa sin que esas operaciones, que se ejecutaron a través de una filial de la entidad, se sometieran al criterio del consejo de administración de la caja. Tras descubrirse esa situación, la entidad requirió las pertinentes explicaciones a Manuel Troyano con el ánimo de esclarecer la situación. Se le exigió respuesta en unas 72 horas sin que pudiera aclarar lo sucedido por lo que se procedió a ejecutar un despido disciplinario, según las fuentes conocedoras de la situación. El despido de Troyano, que se produjo el pasado 16 de diciembre, será uno de los temas que probablemente se aborden en la asamblea que se celebra hoy y que saldará con la ratificación de la nueva directiva de la entidad que encabezará Ricard Blanquells. Pólizas millonarias Hay que recordar que el expresidente de la entidad y el director general se habían asignado sendas pólizas vitalicias por once y casi seis millones de euros, respectivamente. Una situación que motivó su inmediata destitución y la puesta en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción de los hechos que, desde finales de noviembre, viene revisando la documentación para identificar los delitos en los que pudieran haber incurrido los dos directivos. Sin embargo, Manuel Troyano permanecía desde entonces como empleado de la entidad a la espera de destino e, incluso, había llegado a solicitar por carta que se le asignara un puesto acorde con su categoría. Según explican fuentes de la entidad, la nueva directiva de la caja viene atajando con decisión las presuntas irregularidades detectadas en la gestión de los anteriores gestores. De hecho, recuerdan que están colaborando plenamente con la Fiscalía Anticorrupción en aclarar los hechos para cerrar esa etapa con la exigencia de responsabilidades a quienes gestionaron de esa manera la entidad. Sin embargo, rechazaron ofrecer detalles de las actuaciones por encontrarse la investigación sub iudice. Aunque salvando las distancias, en Caja Segovia es Unión Progreso y Democracia (UPyD) la que ha se ha dirigido al Banco de España para denunciar que la cúpula directiva de la entidad tiene un plan de pensiones por 68,7 millones de euros. Y ante, esto Caja Segovia decidió ayer mover ficha al solicitar la comparecencia en el Juzgado de tres miembros de UPyD tras las declaraciones vertidas. Acuerdo del consejo Esta petición es un acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros, que convino reclamar la comparecencia de José Luis Santos Casas, Luciana de Miguel Alhambra y Félix Manuel Sánchez Montesinos con el fin de que "reconozcan lo que de forma reiterada han manifestado en los distintos medios de comunicación con afirmaciones no ajustadas a la verdad sobre aspectos relacionados con la Caja". Según informan fuentes de Caja Segovia a Ep, esta decisión está orientada a demostrar la "inexactitud" de lo manifestado en sus comunicados y en la campaña mediática que han desarrollado, y para que de este modo "se reconozca para constancia ante la opinión pública en general de la corrección y ajustada a derecho que ha sido en todo momento la actuación de los órganos de gobierno de la entidad". El martes, UPyD presentó una queja ante el Banco de España para que éste requiriera a Caja Segovia que modifique y haga pública la información del plan de jubilaciones de la dirección de la caja.