Liberará del lastre a la televisión pública para cambiar el modelo de explotaciónvalencia. Los contribuyentes valencianos se harán cargo durante los próximos lustros de 1.200 millones de euros de deuda, y sus intereses correspondientes, por los que no tendrán a cambio una carretera, un colegio o un hospital. A lo sumo, algunas series de televisión de producción propia. Se trata de la deuda que Radiotelevisió Valenciana (RTVV) ha acumulado en 12 ejercicios, desde que el Gobierno de Eduardo Zaplana cambió la ley para que el ente público pudiera endeudarse, ya que antes del año 2000 lo tenía prohibido. La mayoría de esta deuda se ha destinado a gasto corriente. Ahora será asumida por la Generalitat, según ha podido saber elEconomista, para comenzar una nueva etapa en la televisión pública sin ese lastre. En realidad, esa deuda avalada por la Generalitat ya estaba siendo asumida por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) desde que hace dos años Dredsner Bank y Dekabank se negaron a renovar los préstamos que vencían cada ejercicio. Las pólizas asumidas por el IVF para amortizar esos préstamos ascendían al acabar 2010 a 53 millones, y este año vencían otros 32,5 millones de estas dos entidades alemanas, que probablemente han sido asumidos por el mismo organismo dependiente de la Consejería de Economía. En el futuro no será el IVF el que saldrá al rescate, sino la Generalitat vía presupuestos. El Gobierno valenciano no autoriza a RTVV a aumentar su deuda desde este año, pero al mismo tiempo prevé que si el ente no puede atender un vencimiento o sus intereses, estos puedan ser asumidos por la Generalitat. Y así se plasma en los presupuestos de 2012, en los que el ente reducirá su endeudamiento gracias al presupuesto público, que también asumirá el coste de los intereses, unos 32 millones. Cambio de modelo La asunción de toda la deuda del ente por parte de la Generalitat es esencial para la reforma del modelo de televisión pública que el Gobierno de Alberto Fabra ha propuesto a los grupos parlamentarios valencianos. Según un primer esbozo anunciado por la vicepresidenta, Paula Sánchez de León, RTVV pasará de ser una entidad de derecho público con dos filiales (televisión y radio) a una sociedad mercantil de titularidad pública que dispondrá de un contrato-programa de tres años de duración con la Generalitat. En ese contrato-programa "se concretarán los objetivos a desarrollar, las aportaciones con cargo a los presupuestos de la Generalitat y un sistema de indicadores que permita evaluar la eficiencia de la gestión", según la propuesta inicial. El contrato-programa separará "las actividades de servicio público respecto de aquellas que no tengan estas características", y serán las de servicio público las únicas que contarán con subvención de la Generalitat. Los criterios de qué es servicio público se fijarán más adelante, pero Sánchez de León apuntó algunos, como "el fomento de la producción valenciana y la emisión de contenidos de calidad, innovadores, interactivos y que incorporen los avances tecnológicos". El resto de la programación podrá ser privatizada, es decir, que RTVV podrá alquilar franjas horarias de Canal 9 para que las empresas las exploten. Posible ERE de 1.000 personas Otra de las medidas que se tomarán, no anunciada oficialmente pero asumida por los propios trabajadores de RTVV, es el recorte de la plantilla del grupo, que supera las 1.700 personas, más que Antena 3, Telecinco y La Sexta juntas. Algunas fuentes hablan de que serán entre 800 y 1.000 las personas afectadas. El recorte está planteado desde principios de año, pero las elecciones autonómicas de mayo y la posterior dimisión de Francisco Camps retrasaron la medida, ya que su sucesor, Alberto Fabra, anunció que no se actuaría en RTVV hasta que estuviese definido el nuevo modelo de televisión. El nuevo modelo, que debe aprobarse por ley, está basado en un estudio encargado el año pasado a la consultora PwC que el director general del ente, José López Jaraba, guarda celosamente. Por lo que se ha contado, en algunos aspectos se parece al de RTVE, con un director general que pierde muchas atribuciones, entre ellas la de contratar, que pasa al consejo de administración salvo los acuerdos de pequeña cuantía.