César Alierta lo ha dicho varias veces, en diferentes países y en un par de idiomas: "Telefónica no es derechas ni de izquierdas, es del partido de las telecomunicaciones". Al presidente de la multinacional le basta una frase para eludir la arena política y llevar el morlaco hacia los terrenos donde realmente se siente cómodo. Lo suyo son los altos negocios, las mareantes finanzas y las relaciones empresariales que mueven las economías del mundo. Alierta se siente en su salsa cuando contempla los debates locales desde la cúspide de una multinacional con presencia en 24 países de cuatro continentes. Si hiciera falta, también presumiría de que su grupo tiene más de 220 millones de líneas, de las que apenas 45 millones se encuentran en España. Es decir, lo que sucede en la Península Ibérica es tan importante para Telefónica como lo que se cocina en Bruselas, lo que se pelea en Latinoamérica o lo que se gesta en la lejana China, por ejemplo. La nave de Telefónica ha alcanzado una dimensión tan colosal que no debe escorarse a babor ni a estribor. El timón tiene que mantenerse firme, procurando llevar el viento a favor. Así lo piensa Alierta y así se lo reconoce a los suyos cuando alguien le busca las cosquillas políticas. En los últimos días ha tenido ocasión para recordar aquello de que su ideología es la del crecimiento de la empresa o la prosperidad de los accionistas. La operadora ha vivido una semana convulsa, con cambios en el organigrama y con movimientos relevantes en el consejo. Los fichajes de Manuel Pizarro, ex presidente de Endesa, y de Javier de Paz, primer ejecutivo de Mercasa, les trae sin cuidado a los dueños de la operadora, entre ellos muchos fondos de inversión estadounidenses, ingleses, canadienses o alemanes. Les importa muy poco si uno es del PSOE y otro es del PP. Lo que realmente vigilan es la calidad del equipo gestor, sin mirar nacionalidades ni colores. De hecho, la dirección de la filial en España pasa de las manos de un portugués a las de un argentino con absoluta naturalidad, algo propio de una empresa multidoméstica. Telefónica es una empresa absolutamente privada, propiedad de sus accionistas, sin que el Gobierno pueda meter mano a su albedrío. De paso, es bueno advertir que Telefónica no tiene mancha pública, algo que no pueden decir otros muchos ex monopolios de países tan modélicos y avanzados como Alemania (38%), Francia (35%), Holanda (21%), Suecia (45%), Bélgica (50%), Luxemburgo (100%), Austria (30%), Finlandia (14%), además de Portugal (7%) y Grecia (36%). La última vez que se vinculó a Telefónica con la política fue hace casi cuatro años, cuando el Partido Socialista ganó las últimas elecciones generales. Entonces, muchos analistas situaban al presidente de la multinacional al borde en una plácida jubilación, como ocurría por esas fechas con otros altos ejecutivos de grandes empresas privatizadas bajo el gobierno del PP. Días después del 14-M, en una convención con los principales directivos de Latinoamérica, celebrada en Brasil. Alierta expresó su firme respaldo al PSOE. A una pregunta de este cronista, en el transcurso de una rueda de prensa en Sao Paolo, el primer ejecutivo de Telefónica respondió aquello que se sentía joven para jubilarse, al tiempo que deseó "los mejores éxitos al nuevo Gobierno". Para que no hubiera dudas, Alierta esquivó la controversia al apuntar que Telefónica contribuiría "proactivamente en su pequeña parcela" a la economía española creciera. Tampoco hay que cegarse y hay que reconocer que la compañía de telecomunicaciones opera en actividades reguladas, donde el Gobierno y la CMT pueden determinar el desarrollo de los negocios locales. En ese escenario puede ayudar el trabajo de determinado consejero, pero su efecto se diluye cuando se trata de un órgano de gobierno con 18 miembros, donde se busca a profesionales que aporten valores complementarios y multidisciplinares. Algunos son tecnológos (Linares); otros, finacieros (Fainé) o empresarios (Hinojosa). Y hasta hay sitio para un ex jefe de la Casa Real (Almansa). Y sí, en ese cóctel también hay simpatizantes confesos del PSOE y del PP.