Los artistas dicen que saldrán a la calle si la nueva tasa no sale adelantemadrid. "No deben olvidarse que ganaron las elecciones gracias a nosotros. Si no aprueban ahora el canon saldremos a la calle". Teo Garralda, líder del grupo musical Cómplices, lanzó ayer una advertencia muy clara al Gobierno. Y no fue el único. Cerca de 200 escritores, artistas y actores se concentraron en la Academia del Cine en favor del canon digital. "Hay que golpear a los políticos donde más les duele. Saldremos a la calle y no a manifestarnos como monjas, sino a comerles", insistió el actor Juan Luis Galiardo. Sea o no casualidad, prácticamente al mismo tiempo, el Ministerio de Industria ratificaba el canon digital y, por primera vez, reconocía públicamente las tarifas que adelantó elEconomista el pasado 24 de noviembre. El Gobierno ha aceptado rebajar el canon que grava al CD y el DVD, pero, en cambio, impone una tasa a aparatos como el MP3, el teléfono móvil o la tarjeta de memoria USB del ordenador, además de subir la que paga gran parte de las fotocopiadoras. De acuerdo con la tabla aprobada (ver gráfico adjunto), la tasa de los grabadores tradicionales se reduce a la mitad, de 6,61 euros por cada unidad a 3,4; la del CD virgen pasa de 22 céntimos a 17 y la del DVD de 60 a 44 céntimos de euro. Pero eso no quiere decir ni mucho menos que el consumidor vaya a pagar menos. Recaudación de 110 millones Aunque Industria no dijo nada ayer, el objetivo es que las entidades que gestionan los derechos de los autores recauden por los equipos de grabación digital , incluyendo los nuevos, un 75 por ciento más. A partir de ahora, y con el nuevo canon , el MP3 sube 3,16 euros, el móvil 1,5 euros y el disco duro de la televisión 12 euros. El canon obligará a los consumidores a desembolsar un total de 110 millones -tan sólo por el CD, el DVD y el móvil tendremos que pagar el primer año 67 millones de euros-, a no ser que el Congreso de los Diputados rechace la enmienda aprobada la semana pasada por el Senado en la que se instaba a anular el canon. "Ningún político puede sentirse legitimado para eliminar la cultura", aseguraba ayer el actor José Coronado. Y tan sólo se oía alguna voz crítica. "Apenas hemos reunido a 150 ó 200 personas aquí y tenemos a toda la sociedad en contra. ¿Cómo podemos pensar en convocar una manifestación?", le contestaba uno de los autores afectados, uno de los pocos que se pronunció en este sentido. El día clave será mañana, a la espera, sobre todo, de lo que haga el PP. El principal partido de la oposición votó en el Senado a favor de abolir el canon y su líder, Mariano Rajoy, ha dicho ya que "el canon digital es inaceptable porque considera que todo el mundo es sospechoso". Sin embargo, su posición no está clara. Beatriz Rodríguez Salmones, portavoz de Cultura del PP en el Congreso, aseguró tras la votación en el Senado que habían respaldado la propuesta de Entesa (ERC, PSC e Iniciativa per Catalunya) por error. Acercamiento de posturas Con retraso, y tras siete meses en que sus posturas estuvieron claramente distanciadas, los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Cultura pudieron presentar ayer a los sectores implicados- asociaciones de fabricantes de productos tecnológicos y entidades de gestión de los derechos de autor, y al consejo de usuarios y consumidores- la orden ministerial que recoge la propuesta de canon digital. Tal documento prevé que las tarifas que hasta ahora se habían aplicado a CDs y DVDs, que son los soportes que más demanda tienen entre los ciudadanos, se reduzcan un 20 por ciento (algo que para la industria es injusto puesto que el gravamen sigue representando el 40 por ciento de su valor real del soporte), mientras que, como adelantaba elEconomista, se introducen nuevos equipos que habrán de pagar una cuota adicional al ser adquiridos. Estos son, por ejemplo, las memorias USB (0,30 euros), los reproductores MP3 y MP4 (3,15 euros) o los terminales móviles u organizadores personales (PDAs) con MP3 que, cuyos compradores tendrán que hacer frente a un sobrecoste de 1,5 euros. José Pérez, director general de Asimelec, una de las patronales del sector tecnológico, valora positivamente la existencia de un marco normativo estable que ofrezca seguridad jurídica a los fabricantes. Sin embargo, insiste en que existe un claro afán recaudatorio, que está cifrado en 110 millones de euros. La enmienda objeto de polémica votación la semana pasada en el Senado será devuelta mañana al Congreso. Podría pasar cualquier cosa.